Un análisis realizado por el Consejo para la Transparencia, sobre la base de su reciente fiscalización extraordinaria de registros múltiples de personal en la Administración del Estado, identificó que – para septiembre de 2023 – en la Región de Valparaíso 8.150 funcionarios públicos aparecen con registros laborales múltiples, ya sea dentro de una misma institución o en diferentes organismos. Este fenómeno genera importantes desafíos para la transparencia y abre la puerta al análisis de posibles incompatibilidades laborales que podría estar vulnerando la gestión eficiente de recursos públicos.
El informe detalla que el 75% de estos funcionarios tienen dos registros laborales, mientras que el 25% restante cuenta con tres o más. Además, se constató que en un 59% de los casos, la multiplicidad de registros ocurre en una sola institución, especialmente en corporaciones municipales, mientras que el 41% restante registra vínculos laborales en dos o más organismos diferentes. Dentro de este último grupo, la combinación más usual es presentar registros en municipios y organismos de la Administración Central (33%).
En cuanto a las modalidades de contratación más usuales, cerca del 19% de los funcionarios con registros múltiples tienen solo contratos de honorarios, otro 19% combina contratación a contrata con honorarios, y un 18% presenta más de un registro bajo modalidad de contrata.
La fiscalización en que se basa el análisis es clara en señalar que la multiplicidad de registros respecto de un funcionario no implica necesariamente una irregularidad. Esto, porque puede deberse a errores en las publicaciones de transparencia activa de los organismos al subir su plana de personal, alcance de nombres entre funcionarios o simplemente a que las dos o más funciones para las que está contratado sean compatibles y no haya calce horario.
Sin perjuicio de lo anterior, ciertos casos de registros múltiples podrían ser constitutivos de incompatibilidad laboral o situaciones que requieren mayor aclaración por parte de las autoridades.
La presidenta del CPLT, Natalia González, señaló al respecto que: “Nuestro rol como Consejo es fiscalizar que la información pública sobre el personal, la modalidad de contratación y remuneraciones esté completa, sea fidedigna y se publique conforme a los estándares legales. A partir de dicha información y nuestro análisis de esta, esperamos que se puedan identificar desajustes respecto de la normativa que rige a las contrataciones de funcionarios públicos, a fin de que sean consideradas por los equipos de auditoría interna de cada órgano, así como por los órganos públicos fiscalizadores y la ciudadanía en general. De constatarse infracciones o irregularidades, éstas deben ser corregidas con urgencia y sancionadas en conformidad a la ley”
Este informe busca contribuir al fortalecimiento de la Administración del Estado, promoviendo mayor transparencia y permitiendo identificar áreas donde la gestión de recursos humanos puede optimizarse para asegurar un servicio público eficiente y confiable.
