En menos de una semana, el organismo respondió a la petición que hicieron los diputados Henry Leal y Sergio Bobadilla, por lo que solicitó a los ministerios de Energía, Interior y Hacienda, además de la Secretaría General de la Presidencia, emitir un informe al respecto.
Luego que durante la semana pasada el Gobierno confirmara que utilizarán recursos públicos para financiar la defensa del ex ministro de Energía, Diego Pardow, a raíz de la acusación constitucional que todas las bancadas de oposición presentaron en su contra tras el error cometido en los decretos tarifarios eléctricos, la Contraloría General de la República decidió intervenir en la polémica y otorgó un plazo de diez días para que diferentes reparticiones justifiquen el apoyo jurídico que brindarán.
Se trata de la respuesta que este lunes llegó a un oficio que envió el jefe de la Bancada UDI, Henry Leal, en conjunto con el diputado Sergio Bobadilla -integrante de la comisión a cargo de revisar la acusación contra Pardow-, quienes precisamente solicitaron al organismo aclarar si correspondía o no que el Ejecutivo financiara la defensa del ex ministro, considerando que ya renunció a su cargo.
En ese sentido, ambos parlamentarios recordaron los casos de otros ex ministros, como Andrés Chadwick en 2019, y Maya Fernández este año, quienes se costearon personalmente la defensa jurídica que recibieron en medio de las acusaciones constitucionales que se presentaron en su contra, por lo que solicitaron que «lo más sensato es que sea la Contraloría la que despeje esta duda».
Pues bien, en menos de una semana el ente fiscalizador respondió al oficio enviado por los diputados Leal y Bobadilla, solicitando no sólo que el Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia pueda justificar dicho gasto, sino que también las carteras de Interior, Energía e, incluso, Hacienda.
«Pase copia de la presentación a fin de que se sirva a informar, en el plazo de diez días hábiles, respecto a lo expuesto por el recurrente. Dicho informe deberá ser preparado con intervención de la asesoría jurídica o abogado de la entidad», se lee en la respuesta dirigida a los cuatro ministerios.
Respecto a dicha decisión, los parlamentarios de la UDI afirmaron que «desde un inicio planteamos que lo más sensato era que la Contraloría pudiera despejar esta duda, porque al menos a nuestro juicio, resulta absolutamente imprudente que todos los chilenos, junto con pagar los costos por el error que cometió el ex ministro, tengan que además costear su defensa jurídica con sus impuestos».
«Es una muy buena señal que la Contraloría General de la República decidiera abrir una investigación por esta inexplicable decisión del Ejecutivo. Aquí nadie le está negando al ex ministro Pardow su derecho a una defensa, pero no parece prudente que con los recursos de todos los chilenos se financie su abogado, especialmente considerando que ya renunció a su cargo. Cuando estamos hablando de una negligencia que provocó cobros en exceso por más de $110 mil millones de pesos, lo mínimo es que el acusado asuma personalmente su defensa, sobre todo si ya no forma parte del Gobierno», manifestaron los diputados Leal y Bobadilla, quienes de todas formas aseguraron que «si finalmente la Contraloría concluye que a Pardow sí le corresponde este apoyo, lo vamos a respetar, pero en caso contrario, si es un gasto improcedente, vamos a exigir que deje sin efecto la medida».
