Las y los parlamentarios, en su mayoría hicieron ver que la exautoridad «no faltó a la Constitución y las leyes» y que el libelo no puede atribuir al exministro responsabilidades por «las decisiones de un órgano autónomo».
Tras analizar el peso de los hechos y la consistencia del libelo, la Sala del Senado desestimó los dos capítulos que fundaron la acusación constitucional contra el exministro de Energía, Diego Pardow. Esto, en el marco de su eventual responsabilidad en el error de cálculo que terminó con un aumento en las tarifas eléctricas.
De este modo, el abogado -quien renunció previamente a su cargo- quedó libre de la sanción respectiva, es decir, no poder desempeñar ninguna función pública, sea o no de elección popular, por cinco años.
Los argumentos en su mayoría apuntaron a que «la exautoridad no actuó contraviniendo la Constitución y las leyes, pese a haber tenido una gestión ineficiente». En tanto, el voto de minoría se fundamentó en que “el error tarifario afectó a millones de familias porque encareció bienes y servicios a través del IPC y la UF (…) ¿Cómo la autoridad guardó silencio? Por eso debe destituirse a Pardow”, señalaron.
Luego de la sesión especial donde se realizó la presentación del libelo acusatorio, la jornada vespertina se inició con la fundamentación de las posturas de las y los senadores quienes argumentaron en relación a los dos capítulos de la acusación, tras lo cual se conoció el resultado de las votaciones.
El primer capítulo: el exministro habría incumplido los principios de eficiencia, eficacia y probidad administrativa al fijar los precios del sistema eléctrico nacional vigentes desde el 1 de enero de 2024, lo que derivó en un perjuicio para los consumidores y compromisos de pagos en exceso. Votación: a favor 17 votos, 28 en contra y una abstención.
El segundo capítulo: cuestiona la reacción de la exautoridad ante un error de cálculo detectado por una empresa de transmisión y comunicado al Ministerio de Energía a fines de ese año, situación que derivó en la autodenuncia de Transelec. Votación: 21 votos a favor, 21 en contra y tres abstenciones.
ARGUMENTOS
En el debate hicieron uso de la palabra los senadores José Miguel Insulza, Tomás de Rementería, Carmen Gloria Aravena, Karim Bianchi, Esteban Velásquez, Juan Luis Castro, Gastón Saavedra, Rojo Edwards, Gustavo Sanhueza, Luz Ebensperger, Pedro Araya, Francisco Chahuán, Fabiola Campillai, Fidel Espinoza, Matías Walker, Juan Ignacio Latorre, Yasna Provoste, Juan Antonio Coloma, Jaime Quintana, Francisco Huenchumilla, Alfonso De Urresti, Ricardo Lagos, Paulina Núñez, José Pilo Durana, Ximena Rincón y Javier Macaya.
José Miguel Insulza: “No he podido percatarme de las fallas del exministro. No se puede por distintas razones, juzgar a personas que no han cometido delito. No he escuchado nada que me convenza que ha contravenido la ley. Si la responsabilidad de él fue no hacer más preguntas, creo que se zanjó con la denuncia a su cargo”.
Tomás de Rementería: “La acusación habla de cosas que el ministro no podía hacer. Se le acusa porque debió intervenir en algo que no le corresponde como es entrometerse en las decisiones de un ente autónomo, era ilegal hacerlo (…) Se le acusa de sospechas varias. El principio de responsabilidad política lo tomó el Presidente de la República”.
Carmen Gloria Aravena: “La forma de abordar la crisis fue muy mala. No se puede obviar que hubo problemas graves de carácter técnico, pero que haya habido errores no sustenta la presentación de una acusación. No hay dolo ni apropiación indebida. Lo que sí hubo fue una gestión ineficiente”.
Karim Bianchi: “Se nos ha dicho que el exministro, no quiso alarmar a la población cuando detectaron inconsistencias, pero ¿en qué momento ellos deciden actuar como una guardería? Esto no solo es un problema de la luz, es un manotazo al bolsillo de las familias porque el IPC influye en todo. Esto puede ser un germen de un nuevo conflicto social porque las cuentas van a volver a subir de manera no menor”.
Esteban Velásquez: “La acusación busca construir un patrón de conducta. Se dice que la autoridad faltó a la probidad y fue ineficiente. Debemos evitar que esto se transforme en un juicio político. Se trata de un caso de débil gestión ministerial. La acusación no está bien fundada y no permite votar ningún capítulo a favor. No veo acá infracciones a la Constitución y las leyes”.
Juan Luis Castro: “En esta acusación no se ha probado el dolo, ni corrupción, ni ocultamiento deliberado. Donde sí hay discrepancias políticas profundas es sobre comunicar un caso complejo (…) Perseguir la inhabilitación de 5 años parece condena de muerte cívica, desproporcionada e injusta”.
Gastón Saavedra: “¿Cuál era el rol del Ministro en el estudio técnico de la sobre valoración de Transelec? ¡Ninguno! (…) Se instala un mal precedente en el ejercicio de las atribuciones del parlamento, al incorporar suposiciones, atribuir intenciones, especular y realizar argucias impropias para el uso de esta herramienta constitucional”.
Rojo Edwards: “Dicen defender la transparencia, pero toleran ocultar por más de un año esta información que perjudicaba a miles de chilenos. (…) Debe existir responsabilidad. Que frente al abuso exista reparación. Que frente al silencio exista un juicio que este Senado pueda ratificar”.
Gustavo Sanhueza: “Ambos capítulos describen hechos con impacto directo en la vida de miles de chilenos, generando perjuicios que el país seguirá pagando por años (…) Lo que aquí se expone no admite matices (…) Chile no puede normalizar la negligencia. Mi voto es favor de ambos capítulos”.
Luz Ebensperger: “Fijar una tarifa significa determinar el precio de un producto y esa es la función que la ley le establece al Ministro (…) Lo que hace la CNE es analizar precios, tarifas y normas técnicas (…), entregar un informe, pero quien fija el precio, quien dicta el decreto conforme a la ley, es el Ministro de Energía (…) a quien le corresponde revisar si esta correcto o no (…)”.
Pedro Araya: «La conducción política no activó el mecanismo de control y supervisión en el marco de un proceso de fijación tarifaria que evidenció errores metodológicos afectando la credibilidad del sistema que afectaron a millones de usuarios (…) La gestión del ministro no cumplió con los estándares”.
Francisco Chahuán: “La acusación constitucional es una herramienta de ultima ratio y su uso indiscriminado podría generar inestabilidad política. Hay que ser cuidadosos. En cuanto al primer capítulo, no se acredita un actuar doloso, grave o negligente (…) El ministro de Energía no tiene el control técnico de la Comisión Nacional de Energía».
Fabiola Campillai: “A todos nos duele y preocupa cuando nos sube la luz y sobre todo cuando nos dicen que fue un error. Sí fue un error, pero fue técnico y hubo responsabilidad política del ministro y la asumió cuando renunció a su cargo. No hay que hacer un punto político y las empresas deben devolver lo adeudado”.
Fidel Espinoza: “Todos sabemos que las empresas sanitarias y eléctricas abusan de los consumidores,(…) sin embargo, hoy día se pretende destituir a un ministro constitucionalmente, pero si el libelo se basa en críticas políticas no se cumple estándar jurídico”.
Matías Walker: «Se deben aplicar con rigor los estándares constitucionales. Según el análisis de constitucionalistas, ‘reprochar a un ministro por resultados de órganos técnicos autónomos equivale a pedir que la autoridad política intervenga en decisiones técnicas’”.
Juan Ignacio Latorre: «Me he formado la convicción de que esta acusación aprobada en la Cámara no demuestra que haya existido una transgresión constitucional, abuso de poder, omisión legal o infracción a las leyes de la República y usar esta herramienta para fines distintos a los previstos debilita la institucionalidad».
Yasna Provoste: «Votaré en contra de esta acusación en ambos capítulos…mi decisión se funda en que esta acusación está construida sobre opiniones, no sobre hechos concretos que constituyan infracciones a la Constitución o a las leyes. El ministro no fija tarifas eléctricas esa es función de la Comisión Nacional de Energía, el ministro promulga decretos…aquí hubo errores de cálculo: uno de la CNE y otro de una empresa privada y llama la atención que las empresas no se dieran cuenta que recibían 137 millones de dólares de más»
Juan Antonio Coloma: «Acá no estamos hablando de suposiciones, estamos hablando de hechos y ver si eso aplica para una acusación constitucional…creo que es exigible otra conducta, la conducta de la eficacia y la eficiencia respecto de cómo se enfrenta un error…Me parece evidente que aquí hay una gestión que no fue eficiente, no fue eficaz y generó un grave daño al país que aún no se recupera».
Jaime Quintana: «La responsabilidad política ya se hizo efectiva…así como se pretende reprochar una falta de rigurosidad técnica del exministro, hay que representar a los acusadores la más grave falta de acuciosidad jurídica al pretender que el Poder Legislativo haga efectiva la responsabilidad política en un sistema presidencial».
Francisco Huenchumilla: «La autoridad política no interviene en la fijación de los precios…por eso que Chile y los estados modernos tienen un sistema regulatorio donde hay organismos especializados en la fijación de tarifas…distinto es el juicio político que uno pueda tener sobre la gestión…esta acusación es una de las más ineficientes que haya visto»
Alfonso De Urresti: “Se le acusa sobre la infracción al principio de probidad y una actitud pasiva. No se le pueden imputar decisiones que no le correspondían porque eran de la Comisión Nacional de Energía. También se le reprocha el tomar decisiones de un órgano técnico y ello no corresponde en ningún caso”.
Ricardo Lagos: “Lo que pasó con las tarifas es serio y grave, se dañó la fe pública y un ministro dejó su cargo. ¿Hay elementos que reúnan los requisitos de una acusación? Se le exigen criterios legales que no están en la ley y la Constitución. Se le responsabiliza de un error en un informe técnico”.
Paulina Núñez: “Una acusación es un juicio político porque se ve la responsabilidad política de una autoridad. No se ha hablado de los chilenos que han pagado más por un error. Creo que en lo que respecta a la probidad, procede la falta. Respecto del primer capítulo, creo que no procede porque hablamos de un cálculo de un organismo autónomo”.
José Pilo Durana: “El ministerio de Energía debe dictar el precio de la energía. Los antecedentes nos dicen que hubo una cadena de errores porque se duplicó el efecto de la inflación, en las cuentas de la luz. El ministro solo esperó una auditoría de la CNE sin informar al país la situación. Esto habla de una superioridad moral y actitud paternalista”.
Ximena Rincón: “El ministro falló en lo más básico que es defender a las personas. Tuvo siete oportunidades para modificar el decreto además supo por más de un año el error. El decreto tarifario lo firma el ministro y él no es un buzón. Debió revisar la racionalidad el cálculo. Fue una negligencia. Además conoció las inconsistencia de Transelec y no actuó”.
Javier Macaya: “Es la tecnocracia llevaba al extremo (…) Hagamos un cambio legal donde esa opinión de la CNE sea vinculante, que tenga carácter vinculante. Acá está el punto central del primer capítulo, relativo a obligación de eficiencia y eficacia. En cuanto al segundo, no se realizaron las actuaciones de corrección debidas para exigir a tiempo e informando la restitución de los montos cobrados en exceso”.
Presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, por rechazo de AC contra ex ministro Pardow.
