El requerimiento impugna la limitación que se realiza al Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, además vulnera la iniciativa presidencial, en medio del desistimiento gubernamental de definir 99 sitios prioritarios de conservación, mientras el TC evalúa su admisibilidad
El senador socialista por la región de Los Ríos, Alfonso De Urresti, presentó un requerimiento ante el Tribunal Constitucional para impugnar el artículo 52 incluido en el proyecto de Ley de Presupuestos para el año 2026. Según señala el documento, dicho artículo afectaría la implementación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) al introducir una condición que limita la dictación de un decreto supremo sobre sitios prioritarios de conservación, contraviniendo la Constitución Política.
Como argumento principal, el requerimiento sostiene que el artículo presentado por la oposición se aparta de las ideas matrices del proyecto de presupuesto y, a la vez, busca modificar una ley permanente, restringiendo la iniciativa exclusiva del Presidente de la República en materia de administración financiera y presupuestaria del Estado.
Al respecto, el senador señaló que “recurrimos al Tribunal Constitucional porque la oposición intentó pasar de contrabando un cambio profundo a normas ambientales que no correspondía discutir precisamente en esa instancia. Lo que hicieron fue forzar una indicación para limitar la definición de sitios prioritarios y alterar el futuro Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), cuya creación tomó más de 10 años de discusión en el Congreso, aprovechando este trámite. Incluso el propio Ministro de Hacienda hizo la reserva de constitucionalidad correspondiente. Estamos ejerciendo nuestro derecho y creemos que el tribunal tiene que pronunciarse, entendiendo que no es una norma que venía en la idea original del proyecto. No se puede modificar una ley permanente en este tipo de instancias.Esperamos que el tribunal constitucional acoja este requerimiento.”
En las últimas semanas, el gobierno anunció que desistiría de avanzar en la definición de los 99 sitios prioritarios de conservación, que se encontraban en proceso de participación ciudadana, lo que encendió las alarmas de las agrupaciones ambientalistas que, en línea con lo denunciado por el senador Alfonso De Urresti, temen por un retroceso en la protección ambiental. Durante los próximos días, se espera que el Pleno del Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la admisibilidad del requerimiento para decidir si procede.
