Las escuelas de surf de Playa La Boca acusan que la orden de desalojo emitida por Rodrigo Fajardo Vick – conocido como “El Alemán” – carece de validez legal, ya que no cuenta con respaldo judicial ni autorización de los dueños del terreno.
La carta enviada por Rodrigo Diego Fajardo Vick a las escuelas de surf —presentada como una supuesta orden de desalojo— encendió las alarmas en Playa La Boca. El documento, que exige abandonar el lugar antes de fin de año, esta no tiene respaldo judicial, no proviene de ninguna autoridad competente y tampoco cuenta con el permiso de quienes realmente son dueños del terreno, la familia Borgoño.
La situación es aún más compleja porque los Borgoño mantienen un litigio activo contra Fajardo con el fin de terminar su administración del predio. En ese contexto, su intento de expulsar a las escuelas no solo sorprende, sino que resulta contradictorio: quien hoy busca desalojar es la misma persona cuya permanencia en el terreno está siendo cuestionada por los propios dueños.
Lejos de representar una instrucción formal, la carta de Fajardo se lee como un gesto de presión. Las escuelas aseguran que no tiene validez y que forma parte de un patrón que llevan años viviendo: decisiones unilaterales, alzas arbitrarias de arriendo, cortes de luz y condiciones que cambian de la noche a la mañana.
En la práctica, la orden no tiene efecto alguno. Lo que sí tiene es profundidad simbólica: revela la tensión acumulada y expone, una vez más, el choque entre un administrador cuestionado y un borde costero que ha encontrado en el surf mucho más que un deporte: identidad, seguridad, turismo y comunidad.
Denuncian años de presiones y abusos contra escuelas de surf en Playa La Boca
Para quienes trabajan día a día en Playa La Boca, la carta de desalojo enviada por Rodrigo Fajardo Vick no fue una sorpresa, sino la continuación de una larga secuencia de presiones. Carlos Aravena, instructor y propietario de Pro Rider —una de las escuelas con más trayectoria en el sector— cuenta que el conflicto no empezó ahora: “Nos ha cortado la luz, nos sube los arriendos de forma unilateral, nos cambia las condiciones sin previo aviso y nos amenaza con sacarnos cuando quiere”.
Su relato describe un ambiente de incertidumbre permanente, donde cada temporada puede traer un nuevo problema. Aravena explica que incluso han debido pagar los arriendos a terceros, no directamente a Fajardo: “Hemos tenido que pasarle el dinero al hijo, al contador… porque él no puede recibir pagos debido a sus demandas”. Según cuenta, ese tipo de maniobras se ha vuelto parte del funcionamiento cotidiano: decisiones abruptas, cambios improvisados y un trato que, según él, “siempre ha estado basado en el miedo”.
Por eso, cuando llegó la carta de desalojo, el mundo del surf la leyó como un paso más dentro de ese patrón. “Esta vez se le pasó la mano”, afirma Aravena. Sostiene que Fajardo sabe que no tiene las facultades para expulsarlos, porque no es dueño del terreno, porque la familia Borgoño mantiene un juicio para terminar su administración y porque no existe ninguna resolución judicial que permita un desalojo. “Esta carta no tiene validez legal —insiste— y él lo sabe”.
Lo que para Fajardo fue presentado como un aviso formal, para las escuelas se transformó en una señal más del conflicto estructural que arrastran desde hace años: el intento permanente de controlar un espacio que se ha consolidado gracias al trabajo, la educación y el deporte, no gracias a la administración que hoy intenta expulsarlos.
¿Quién es Rodrigo Fajardo Vick? Una historia marcada por tensiones, irregularidades y conflictos en La Boca
Durante más de una década, Rodrigo Fajardo Vick, conocido como “El alemán” ha sido una presencia constante —y muchas veces polémica— en Playa La Boca. Se presenta como administrador del sector, controla los estacionamientos. Pero su trayectoria no ha estado exenta de sombras: su nombre aparece una y otra vez en informes municipales, actas oficiales y procedimientos judiciales que cuestionan la forma en que ha ejercido ese rol.
Los primeros conflictos quedaron registrados en el propio Concejo Municipal de Concón, donde concejales advirtieron que Fajardo cobraba estacionamientos sin contar con las autorizaciones necesarias, generando multas. Con el tiempo, los episodios se repitieron y se mantienen, las multas de 1 UTM son insuficientes para detener la ilegalidad de sus cobros de estacionamiento.
La historia no termina ahí. En otro tema, el Juzgado de Policía Local lo sancionó por arrendar espacios a comerciantes y artesanos sin contar con patente comercial, una práctica que desde el municipio describen como recurrente y difícil de fiscalizar debido a la falta de colaboración del propio Fajardo. Esa resistencia a ordenar su actividad es, según las autoridades locales, parte de un patrón más amplio: operar al límite de la normativa, tensionar la regulación, cuando cierra su estacionamiento, generando la incomodidad de los restaurantes del lugar que necesitan su estacionamiento.
Pero el conflicto más profundo es el que sostiene con la familia Borgoño, dueña del terreno donde Fajardo ha construido subarriendos. Los propietarios iniciaron un litigio civil para poner fin a su administración, cuestionando directamente la legitimidad de sus facultades, incluyendo su atribución de subarrendar o tomar decisiones sobre el uso del predio. Este juicio, aún vigente, se ha convertido en la línea divisoria que explica por qué hoy la comunidad insiste en que Fajardo no tiene autoridad para desalojar a las escuelas de surf ni para dictar medidas que afecten a terceros.
En síntesis, el nombre de Rodrigo Fajardo Vick aparece en medio de un entramado de irregularidades, disputas contractuales y conflictos de poder. Una figura controvertida en un borde costero que, paradójicamente, encontró en el surf, la comunidad y la educación ambiental una identidad muy distinta a la que él ha intentado imponerse.
Un aporte deportivo, social y ambiental que hoy está en riesgo
Para Renato Arellano, director de la “Academia Freesport” y una de las voces más respetadas del surf chileno, lo que está en juego con la orden de desalojo va mucho más allá de una disputa administrativa. Él ha visto, desde dentro, cómo Playa La Boca cambió radicalmente gracias al trabajo sostenido de las escuelas. “Este lugar era por años un foco de contaminación y accidentes”, recuerda. “Fueron las escuelas las que lo transformaron, recuperando un espacio público para el deporte, el turismo, la seguridad y la educación ambiental”.
Arellano —profesor de Educación Física, magíster en gestión deportiva y entrenador de la Selección Chilena de Surf— explica que la presencia de las academias no solo ordenó la actividad náutica, sino que generó un impacto directo en la seguridad: “Gracias al trabajo conjunto con la Armada, los accidentes y muertes por inmersión bajaron a cero”, enfatiza.
Con el tiempo, La Boca dejó de ser un punto peligroso para convertirse en un centro deportivo reconocido en Chile y Sudamérica, un espacio donde niños, jóvenes, adultos y familias encontraron acceso a una actividad inclusiva, formativa y profundamente ligada al territorio. Para Arellano, esa evolución fue clave para la identidad de la comuna: “El desarrollo del surf es hoy parte del patrimonio territorial de Concón”, sostiene. Y no solo en lo deportivo: el surf abrió la puerta a una economía circular integrada con restaurantes, alojamientos y escuelas, generando turismo sostenible y beneficios sociales que antes no existían.
Por eso, la posible expulsión de las academias no es, para él, un simple trámite: es una amenaza directa al corazón del proyecto comunitario que se ha construido durante décadas. “No se puede desconocer el impacto positivo que hemos construido”, afirma. “Sería un retroceso enorme para la comuna y para todo lo que este lugar representa”.
