En los últimos años, el Congreso ha acelerado la tramitación de leyes orientadas a fortalecer la seguridad vial. La Ley CATI, que permitirá cursar multas automáticas por exceso de velocidad sin fiscalización presencial; el proyecto de Licencia de Conducir por Puntos, destinado a disminuir la reincidencia en infracciones graves; y la reforma a la Ley de Tránsito para transportes de carga y pasajeros, que incorpora sistemas tecnológicos de monitoreo de fatiga y distracción, son ejemplos claros de esta tendencia.
Estas iniciativas comparten un elemento común: requieren nuevas tecnologías capaces de recolectar y procesar grandes volúmenes de datos. Esto abre oportunidades reales para anticipar y prevenir accidentes, pero también plantea desafíos relevantes en materia de protección de datos personales. La futura Ley de Protección de Datos, que entrará en vigencia plena el 1 de diciembre de 2026, obligará a empresas e instituciones públicas a demostrar un uso transparente, seguro y responsable de la información.
La implementación de esta normativa exigirá cambios culturales al interior de las organizaciones, incluyendo formación continua y una comprensión profunda de que la gestión adecuada de datos tiene un impacto social directo. Pero, hay otro punto esencial: las legislaciones y sus criterios de aplicación deben ser coherentes entre sí. Si la tecnología, la inteligencia artificial y los sistemas de datos permiten salvar vidas en el ámbito vial, esa capacidad no puede entrar en conflicto con la protección de los derechos fundamentales. Ambas agendas deben avanzar alineadas, sin contradicciones regulatorias, y las autoridades sectoriales deben ponerse de acuerdo en eso.
La seguridad vial y la protección de datos no son objetivos rivales, son componentes complementarios de un mismo propósito: resguardar la integridad de trabajadores, ciudadanos y comunidades. Mirar las políticas públicas como un solo sistema será clave para avanzar hacia un transporte de alto estándar que proteja la vida.
