Qi Tongsheng fue condenado a la pena capital por el delito de aceptar sobornos.
La pena de muerte se suspende por un plazo de dos años, durante los cuales, si Qi no comete nuevos delitos y muestra buen comportamiento, su sentencia será conmutada por cadena perpetua, una práctica común en los casos de corrupción en China.
El Tribunal Popular Intermedio de Nanning (sur) informó en la red social Wechat de que también dictó la privación de derechos políticos de por vida y el decomiso de todos los bienes personales del acusado.
Los bienes y rendimientos obtenidos de manera ilícita fueron confiscados y entregados al Tesoro, y se continuará la recuperación de las cantidades pendientes.
Según el fallo, entre 2004 y 2021, Qi aprovechó los cargos que ocupó en Ningxia para facilitar beneficios a empresas y particulares en ámbitos como la tramitación de licencias mineras, el registro y la aprobación de proyectos y la adjudicación de obras, por lo que recibió ilegalmente bienes por un valor superior a 111 millones de yuanes (15,7 millones de dólares).
Durante ese periodo, Qi ocupó diversos cargos de alto nivel en el Gobierno y en los órganos consultivos de Ningxia, así como responsabilidades a escala nacional entre las que destaca la vicepresidencia del Comité de Asuntos Étnicos y Religiosos de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino principal órgano consultivo del gigante asiático).
El tribunal consideró que la cuantía de los sobornos fue «particularmente elevada» y que las conductas causaron «pérdidas especialmente graves» a los intereses del Estado y de la ciudadanía, por lo que estimó procedente la imposición de la pena capital.
No obstante, tuvo en cuenta factores atenuantes, como la existencia de actos en grado de tentativa, su confesión, su aportación voluntaria de información sobre hechos no conocidos por los investigadores o su reconocimiento de culpabilidad.
Tras su llegada al poder en 2012, el actual secretario general del PCCh y presidente de China, Xi Jinping, puso en marcha una campaña anticorrupción en la que numerosos altos cargos han sido condenados por aceptar sobornos millonarios.
Si bien esta ofensiva, una de sus campañas estrella, ha destapado importantes casos de corrupción en el seno del PCCh, algunos críticos han apuntado a que también podría estar siendo utilizada para apartar a rivales o detractores políticos.
