Más de 80 representantes de diferentes instituciones se reunieron por su interés en trabajar contra el robo de baterías, un delito que pone en riesgo la continuidad de la comunicación durante emergencias, como incendios, terremotos o inundaciones.
Según cifras de ChileTelcos, gremio que reúne a las empresas de telecomunicaciones, más de 5.000 baterías han sido sustraídas de sitios móviles a 2025.
Con el objetivo de visibilizar y abordar el robo de baterías en sitios de telecomunicaciones, un delito que se ha consolidado como una de las principales amenazas para la continuidad de las telecomunicaciones en Chile, las subsecretarías de Telecomunicaciones, y de Prevención del Delito, junto a gremios del sector, convocaron al primer seminario “Robo de baterías en sitios móviles: una amenaza para la conectividad y la seguridad comunitaria”.
El encuentro contó con la asistencia de más de 80 representantes, incluyendo al subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, la subsecretaría de Prevención del Delito, Carolina Leitao, además del presidente de ChileTelcos, Alfie Ulloa, al presidente de Idicam, Rodrigo Ramírez, empresas del rubro, Carabineros, Policía de Investigaciones (PDI), seguridades municipales, representantes de la sociedad civil, entre otras organizaciones.
Durante la jornada, hubo acuerdos respecto a la urgencia de coordinar acciones conjuntas público-privadas para proteger la infraestructura crítica, tal como ocurrió con el robo de cables. Cabe resaltar que más de 5.000 baterías han sido sustraídas a 2025 según cifras de ChileTelcos, gremio que reúne a las empresas de telecomunicaciones del país.
Estas baterías permiten mantener la comunicación ante cortes de energía y garantizar la comunicación en momentos de emergencias como incendios, terremotos o inundaciones, incluyendo el envío de alertas SAE. Sin estos respaldos, barrios completos pueden quedar incomunicados, afectando la coordinación de servicios esenciales como bomberos, ambulancias y policías.
El subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, puso énfasis en que “así como las comunicaciones salvan vidas, el robo de baterías pone en riesgo la vida de las personas. No es un delito menor: requiere planificación por parte de grupos organizados que buscan comercializar estos equipos. Para enfrentar estas amenazas, necesitamos conversaciones como esta y acciones integrales que protejan la infraestructura crítica”.
Por su parte, la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, explicó que “la conectividad no es solo comunicación; es un pilar para la equidad territorial y la seguridad ciudadana. Estos delitos ponen en riesgo la operación de servicios esenciales y aumentan la brecha digital. Combatir el robo de baterías requiere un enfoque preventivo y coordinación público-privada, porque detrás de estos hechos hay crimen organizado y mercados ilícitos que debemos desarticular”.
Asimismo, Natalia Fuentes, gerenta del área de Seguridad de Movistar Chile explicó “Las personas son las principales afectadas por el robo de baterías, porque sin ellas los sitios móviles quedan inoperativos y comunidades enteras incomunicadas durante emergencias. Hemos reforzado la seguridad con artefactos de alta resistencia, pero las bandas siguen avanzando. Este delito no solo genera pérdidas millonarias, sino que también impacta la seguridad pública y la calidad de vida”.
Alfie Ulloa, presidente de ChileTelcos advirtió que “el robo de baterías plantea un desafío distinto al robo de cables, porque hoy estas se comercializan en plataformas digitales y prácticamente todas provienen de delitos. Debemos replicar los ejes que funcionaron antes: capacitación, gestión de datos para denuncias e inteligencia, y coordinación interinstitucional. Solo así podremos frenar un delito que tiene un impacto significativo en la red móvil y causa serios perjuicios a las empresas y a nuestros clientes”.
La jornada contempló exposiciones de ChileTelcos y operadoras, quienes compartieron diagnósticos, experiencias y buenas prácticas orientadas a la prevención de este delito, además de evidenciar el crecimiento exponencial que se ha observado en el robo de estos elementos y su comercialización ilegal.
