El caso se originó en Coyhaique, donde la Contraloría Regional de Aysén constató que el servicio de recolección de basura se realizaba sin contrato legalmente celebrado. Ante ello, el alcalde de dicha comuna presentó un recurso de protección alegando que el oficio del organismo de control vulneraba el debido proceso y afectaba su imagen pública.
No obstante, en octubre, la Corte de Apelaciones de la zona señaló que no se configuraba un acto ilegal o arbitrario imputable a la Contraloría, pues el oficio impugnado se dictó dentro del ámbito de sus atribuciones.
Adicionalmente, expresó que la actuación cuestionada se vinculaba directamente con el deber de la CGR de velar por la juridicidad de los actos municipales, en este caso, vinculados a la prestación de servicios públicos por parte de privados sin respaldo contractual.
Posteriormente, el máximo tribunal confirmó el fallo, reafirmando de paso el carácter preventivo y fiscalizador del órgano contralor. De esta manera, los tribunales concluyeron que la Contraloría actuó dentro de sus facultades legales, instruyendo un sumario administrativo e informando al Concejo Municipal, sin imponer sanciones ni prejuzgar responsabilidades. Además, descartaron que se vulneraran derechos fundamentales o que existiera riesgo para la continuidad del servicio.
