El presidente de la colectividad, Guillermo Ramírez, junto con el diputado Jorge Alessandri, deslizaron que detrás de las normas existía una «influencia directa» del Partido Comunista.
En medio de la polémica que han provocado en el país los denominados «amarres» que el Gobierno pretende aplicar en la ley de reajuste al sector público, el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, junto con el diputado que integra la comisión de Constitución de la Cámara Baja, Jorge Alessandri, denunciaron una nueva controversia, esta vez vinculada a los dirigentes de los propios funcionarios.
Al respecto, cabe recordar que desde la semana pasada que la bancada gremialista viene criticando fuertemente el protocolo de acuerdo que el Ejecutivo suscribió con las organizaciones reunidas en la Mesa del Sector Público (MSP), al reducir -en uno de los puntos- de cinco a dos años el principio de «confianza legítima» y por haber cambiado la competencia para resolver las demandas laborales, contradiciendo lo que ha definido la misma Contraloría General de la República y la Corte Suprema.
Sin embargo, un nuevo antecedente que los parlamentarios de la UDI hicieron ver es el punto 16 del mismo protocolo de acuerdo, que incorpora tres normas relacionadas con las asociaciones de funcionarios y que, a juicio de ellos, terminará por «empoderar» aún más a los dirigentes sindicales.
En el detalle, lo que establece el texto es que se incluirá un artículo para que el tiempo que los dirigentes utilicen en labores sindicales se considere como «trabajo efectivo», para lo cual podrán «seguir percibiendo asignaciones y demás emolumentos» y se «prohibirá» las suspensiones de «pago, cobros o reintegro por ese motivo». Pero además, se incorporará otra norma que facilitará que las reuniones de las asociaciones se puedan realizar en medio de una jornada laboral, debiendo ser la propia institución la que deba justificar su rechazo, sólo por razones de «continuidad o fuerza mayor».
Lo anterior -de acuerdo a lo que manifestaron Ramírez y Alessandri- «terminará por consolidar una serie de privilegios, totalmente injustificados, para un grupo muy reducido de dirigentes sindicales en desmedro del resto de los trabajadores y, especialmente, del buen funcionamiento del servicio».
«Todas estas normas que el Gobierno está incorporando sobre las asociaciones de funcionarios, en ningún caso tienen como objetivo fortalecer el servicio y la respuesta al público, sino que sólo buscan blindar a los dirigentes sindicales, otorgándoles más poder del que ya tienen, sin ningún tipo de control sobre ellos. Con este acuerdo, el Ejecutivo le está diciendo a todos los chilenos, pero en especial al resto de los funcionarios públicos, que la actividad sindical está por sobre las obligaciones laborales y que no tendrán ningún contrapeso más que ellos mismos», cuestionaron los diputados UDI, quienes aseguraron que «no tenemos la menor duda de que detrás de esta norma está la mano del Partido Comunista (PC), que históricamente ha promovido el fortalecimiento del poder sindical».
Producto de lo anterior, Ramírez y Alessandri anunciaron que en la misma ley de reajuste al sector público ingresarán una indicación para establecer un límite de horas sindicales para los dirigentes, considerando que la actual normativa sólo garantiza un mínimo de horas semanales, pero sin tope.
«Aquí nadie está cuestionando el rol de las asociaciones de funcionarios, pero es una vergüenza que a los dirigentes se les asegure un mínimo de horas, pero no un máximo, porque finalmente termina abriendo la puerta a que existan abusos como los que vemos ahora, donde varios líderes sindicales se dedican a actividades políticas o de otro estilo e igual reciben su sueldo a fin de mes», criticaron.
