Trabajadores desmintieron categóricamente las cifras difundidas por la alcaldía, calificándolas como una “cortina de humo” para ocultar el fondo del asunto, y advierten que ningún refuerzo jurídico externo cambiará el hecho de que la votación del Concejo se basó en la premisa falsa de que la escala de sueldos no existía.
Con tranquilidad, pero con firmeza, reaccionaron los representantes de los profesionales de la salud de la Corporación Municipal de Viña del Mar (CMVM) ante el anuncio del fichaje del estudio jurídico Fermandois por parte de la alcaldía.
Para los trabajadores, esta acción es una señal equívoca: mientras la administración justifica la rebaja unilateral de remuneraciones apelando a una supuesta crisis financiera y la necesidad de «cuidar los recursos públicos», paradójicamente decide incurrir en altos costos contratando un bufete externo de Santiago, desestimando la capacidad de sus propios y numerosos equipos jurídicos locales.
Sin embargo, el punto central para la defensa de los funcionarios no es quién defiende al municipio, sino el respeto al Estado de Derecho.
Uno de los abogados de los funcionarios, Rodrigo Garay, del estudio Del Villar, enfatizó que la discusión de fondo no es política, sino estrictamente legal.
“El Municipio está en su legítimo derecho de contratar a quien estime conveniente. Lo esencial son los argumentos y los hechos objetivos que hemos expuesto en tribunales: la rebaja de sueldos se votó en el Concejo bajo la información falsa o errónea de que no existía una escala de sueldos previa. Nosotros demostramos, con documentos notariales de 1996, que esa escala sí existe y fue ocultada a los concejales al momento de la votación. Además, existen múltiples antecedentes que dan cuenta de modificaciones de las remuneraciones de los trabajadores por el propio Concejo Municipal. Eso es lo relevante”, explicó Garay.
Respecto al comunicado municipal que habla de «sueldos millonarios de hasta 14 millones», los trabajadores lamentaron que se intente confundir a la opinión pública con cifras que no se ajustan a la realidad, para justificar graves vulneraciones de derechos.
“Es grave que una institución pública difunda información falsa o inexacta para validar sus faltas administrativas. La realidad es que la tabla que se intenta desconocer contempla rentas brutas entre 2 y 8 millones, es decir, con un pago líquido de entre 1,5 y 6 millones mensuales, cifras a las que se accede solo tras 30 años de carrera funcionaria, especialización médica y capacitaciones. Nadie gana 14 millones de sueldo. Intentar caricaturizar a los profesionales de la salud no corregirá el vicio legal de la votación”, indicó una matrona que trabaja en un Cesfam de Viña del Mar, bajo condición de anonimato por miedo a represalias.
Actualmente, la Corte de Apelaciones de Valparaíso ya ha alcanzado un acuerdo respecto a la sentencia, fallo que se espera sea oficializado en los próximos días.
“Esperamos el dictamen con la tranquilidad de quien ha actuado siempre con la verdad y la evidencia por delante. Confiamos en que la justicia restablecerá el imperio del derecho, protegiendo la carrera funcionaria y validando los instrumentos públicos que la administración municipal ocultó”, concluyó el abogado Tomás Palacios, desde la defensa de los trabajadores.
