La iniciativa modifica la Ley Orgánica del Congreso y también busca evitar el uso abusivo de las acusaciones constitucionales entre otros mecanismos
La bancada de diputados de Renovación Nacional, encabezada por Frank Sauerbaum y Carla Morales, jefe y subjefa de bancada respectivamente, ingresó un proyecto de ley que modifica la Ley N°18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, con el objeto de fortalecer el compromiso democrático de los parlamentarios, incorporando una obligación expresa de ejercer las atribuciones y herramientas que la Constitución les confiere “conforme a los fines propios de dichas potestades”.
La iniciativa releva que el juramento o promesa parlamentaria “no tiene un carácter meramente ceremonial”, sino que constituye una obligación jurídico-política de lealtad constitucional que vincula a quienes asumen cargos de representación popular “con el orden democrático de derecho y con el correcto ejercicio de las atribuciones que el propio texto constitucional les confiere”.
En ese marco, el proyecto advierte que la experiencia reciente demuestra que el ejercicio de ciertas herramientas de fiscalización puede verse tensionado por “usos estratégicos, desnaturalizados o desvinculados de su finalidad institucional”, especialmente en el ámbito de las atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputadas y Diputados. Al respecto, se subraya que comisiones investigadoras, interpelaciones y acusaciones constitucionales “no constituyen mecanismos de confrontación política ordinaria, sino instrumentos excepcionales orientados a exigir responsabilidad política y jurídica por infracciones graves a la Constitución o a las leyes”.
El texto es categórico al señalar que el “uso abusivo, reiterado o estratégicamente desnaturalizado de la acusación constitucional” deforma el régimen presidencial, tensiona la separación de poderes y transforma una herramienta excepcional en “un mecanismo de presión política permanente”, afectando la estabilidad democrática y la confianza ciudadana en las instituciones.
En sus fundamentos, la iniciativa recuerda que durante el período presidencial de Sebastián Piñera se promovieron múltiples acusaciones constitucionales que “carecieron de un sustento jurídico serio y respondieron a una lógica de confrontación política sistemática”, impulsadas principalmente por sectores del Frente Amplio y del Partido Comunista de Chile, introduciendo una lógica de “inestabilidad permanente” al cuestionar la legitimidad democrática del Jefe de Estado.
El proyecto también advierte que este riesgo “no es meramente histórico”, a la luz de recientes declaraciones públicas que relativizan principios básicos del Estado democrático de derecho, lo que refuerza la necesidad de establecer “compromisos institucionales claros, explícitos y exigibles al momento de asumir la función parlamentaria”.
La iniciativa legal propone agregar un nuevo inciso al artículo 5 de la Ley Orgánica del Congreso, estableciendo que, junto al juramento o promesa, el diputado o senador deberá suscribir un compromiso solemne de respeto al Estado democrático de derecho, a la Constitución y al orden institucional vigente, obligándose a ejercer sus atribuciones “sin desnaturalizarlas ni emplearlas con propósitos ajenos al interés público”.
Finalmente, el proyecto enfatiza que este compromiso “no restringe atribuciones, no introduce sanciones nuevas ni altera el estatuto constitucional del parlamentario”, sino que busca afirmar un estándar de responsabilidad institucional, reforzando que las potestades constitucionales “no son prerrogativas personales ni herramientas de lucha política irrestricta”, sino instrumentos al servicio del interés público, de la gobernabilidad y del respeto irrestricto a la voluntad soberana expresada en las urnas, particularmente frente a llamados públicos de algunos partidos a movilizarse a partir de marzo cuando asuma José Antonio Kast.
