En solo ocho días, una banda delictual que operaba desde la cárcel de La Serena, sometió a la actriz Amparo Noguera a una serie de engaños, con el pretexto de resguardarla de un supuesto grupo internacional que la estaría persiguiendo. Cerca de $400 millones de pesos fue lo que perdió la actriz, entre avances y giros de efectivo en cajeros automáticos, compras online y presenciales.
Claudio Álvarez, experto en ciberseguridad y académico de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes, explica que, desde el punto de vista regulatorio “los bancos no están llamados a impedir que una persona disponga libremente de sus fondos, incluso cuando se trate de montos elevados, siempre que las operaciones sean realizadas por el propio titular y con sus credenciales válidas”, comenta.
En Chile actualmente no existe una norma de la Comisión para el Mercado Financiero que establezca un “tope legal” de retiro o gasto para cuentas corrientes, inversiones o tarjetas, y menos aún para clientes de banca premium, como era el caso de Noguera. En ese sentido, “permitir giros, rescates de fondos o la contratación de créditos no constituye por sí mismo una infracción normativa”, complementa Álvarez.
Sin embargo, el académico subraya que la regulación sí exige sistemas de monitoreo de riesgo y detección de fraudes, y que frente a patrones anómalos “lo esperable es que se activen protocolos reforzados, como validaciones adicionales, contacto directo con el cliente o pausas temporales antes de ejecutar nuevas transacciones”, dice.
La banca, comenta el académico Uandes, debería avanzar hacia protocolos específicos para casos de “riesgo por manipulación”, como ya ocurre en otros países con clientes vulnerables.
