El Fiscal Regional de Aysén, Hernán Libedinsky; el Fiscal jefe de Coyhaique, Luis Contreras; el Jefe de Asesoría Jurídica, Miguel Riquelme y el abogado querellante del Consejo de Defensa del Estado, Alejandro Castro Leiva.
La Fiscalía Regional de Aysén formalizó este miércoles una investigación por el presunto delito de fraude al Fisco en contra de 4 imputados, audiencia a la que compareció el Fiscal Regional de Aysén, Hernán Libedinsky Moscovich y el Fiscal Jefe de Coyhaique, Luis Contreras Alfaro, sumado al Consejo de Defensa del Estado como querellante.
En la audiencia desarrollada ante el Juzgado de Garantía de Coyhaique, el Ministerio Público comunicó a los imputados Miguel Ángel Calisto Águila, Carla Nicole Graff Toledo, Roland Andrés Cárcamo Catalán y Felipe Ignacio Klein Vidal, que se sigue una investigación en su contra por los siguientes hechos.
INVESTIGACIÓN
Entre los años 2018 y 2022, Miguel Ángel Calisto Águila, ejerció labores como Diputado del Distrito 27 en la Región de Aysén. Previo a dicho período, durante el año 2017, Roland Cárcamo Catalán fue jefe de campaña en la elección parlamentaria del Diputado Miguel Angel Calisto, desempeñándose paralelamente como funcionario del Servicio de Salud de Aysén, manteniendo una relación de pareja con Carla Nicole Graf Toledo, profesora. El imputado Cárcamo Catalán, al desempeñarse como funcionario público del Servicio de Salud de Aysén, no podía recibir remuneraciones por las asesorías, gestiones y labores que realizaba en apoyo del Diputado Calisto.
De acuerdo a los hechos de la formalización, expuestos por el Fiscal Regional, durante el mismo período comprendido entre 2018 y 2022, el Diputado Miguel Angel Calisto se concertó con el imputado Roland Cárcamo Catalán y con la imputada Carla Graf Toledo, para obtener recursos de manera fraudulenta de parte del Fisco de Chile, a través de un mecanismo defraudatorio en perjuicio del Congreso Nacional, originando una pérdida $103.664.697.
Dichos imputados utilizaron el mecanismo de contratación de Carla Graf como asesora parlamentaria del Diputado Calisto, por instrucciones de este, quien realizó las gestiones necesarias ante la Cámara de Diputados para materializar su contratación, a sabiendas -según lo expresado- de que ella no cumpliría con ninguna de las obligaciones para las cuales fue contratada.
Desde marzo de 2018 a febrero de 2022, y luego de la campaña para la elección parlamentaria del Diputado Miguel Angel Calisto, el imputado Ronald Cárcamo Catalán continuó prestando labores de asesoría política, apoyo y gestión en terreno para el referido Diputado, pero quien fue contratada por la Cámara de Diputados del Congreso Nacional para trabajar como asesora parlamentaria fue Carla Graf Toledo, la cual recibió fraudulentamente durante ese periodo la ya mencionada suma de $103.664.697 del Fisco de Chile.
Lo anterior, se dijo en la audiencia, por cuanto durante dicho período la imputada Carla Graf Toledo no desarrolló, escribió ni entregó al parlamentario ningún estudio referido a materias demográficas o socio económicas; tampoco desarrolló algún plan o estudio o brindó asesoría para optimizar procesos administrativos o trabajos en terreno con la comunidad ni escribió minutas o reportes con problemas que afecten a la comunidad en relación a las leyes vigentes o a las nuevas iniciativas legales, ni recibió y/o canalizó peticiones de la comunidad a las autoridades respectivas. Tampoco apoyó al parlamentario en reuniones con la sociedad civil, ni brindó asesorías comunicacionales o ejecutó las demás obligaciones descritas en los respectivos contratos a honorarios celebrados entre ella y la Cámara de Diputados del Congreso Nacional, todo ello con conocimiento del Diputado Calisto.
Las sumas de dinero percibidas fraudulentamente por la imputada Carla Graf, expresó la Fiscalía en la audiencia, fueron destinadas a beneficio personal tanto de Roland Cárcamo Catalán como del Diputado Miguel Angel Calisto como, asimismo, de terceras personas vinculadas a un partido político, entre las que se encuentra el imputado Felipe Klein Vidal, quien participó en la época en que percibió los fondos como candidato a Gobernador y Consejero Regional de Aysén.
A juicio del Ministerio Público y de acuerdo a la formalización, los hechos son constitutivos del delito de fraude al Fisco previsto y sancionado en el artículo 239 inciso 3° del Código Penal, en carácter de reiterados, los cuales se encuentran en grado de consumados, correspondiéndoles a los imputados Miguel Ángel Calisto Águila, Carla Nicole Graff Toledo y Roland Andrés Cárcamo Catalán, la calidad de autores de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 N°1 del Código Penal, en tanto que al imputado Felipe Ignacio Klein Vidal le corresponde la calidad de encubridor de acuerdo con el artículo 17 N°1 del mismo cuerpo legal.
Las diligencias investigativas de esta causa han sido realizadas con apoyo de la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones de Chile y la Unidad Especializada Anticorrupción, Lavado de Activos y Probidad Interna (UNAC) de la Fiscalía Nacional.
FUERO PARLAMENTARIO
Cabe recordar que tanto la Excelentísima Corte Suprema como la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Coyhaique, confirmaron el desafuero y declararon haber lugar a la formación de causa respecto de los hechos realizados por Miguel Angel Calisto en su condición de Diputado, esto es, por hechos ocurridos entre 2018 y 2022, y que a juicio de la Fiscalía son constitutivos de delitos reiterados de fraude al Fisco.
Sin embargo, en la audiencia de formalización el Juez de Garantía, Mario Devaud Ojeda, resolvió -respecto del Diputado Calisto- suspender la tramitación del procedimiento por más de 30 días, para que los intervinientes resuelvan si deducen recurso de apelación ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Coyhaique, a fin de que dicho tribunal superior resuelva si corresponde o no volver a solicitar su desafuero, atendido que recientemente fue elegido senador.
La Fiscalía Regional de Aysén analizará los antecedentes y decidirá si presentará el recurso de apelación ante la Corte en los próximos días.
Respecto de los otros tres imputados, tras la formalización el Juez Devaud estableció las medidas cautelares de arraigo nacional, esto es la prohibición de salir del país y firma mensual en la Fiscalía, mientras dure la investigación, cuyo plazo fue fijado en 120 días.
