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Minagri y SAG presentan propuesta de resolución que entrega más claridad y certezas sobre nuevas técnicas de mejoramiento vegetal

La iniciativa busca formalizar un procedimiento y entregar respaldo normativo tanto a la ciudadanía como a los distintos actores del sector agrícola.

El Ministerio de Agricultura, a través del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), presentó una propuesta de resolución que ordena y transparenta el procedimiento que permite determinar qué normativa se aplica a los materiales vegetales desarrollados mediante Nuevas Técnicas de Mejoramiento (NBT). Esta presentación se realizó durante una reunión con los principales actores del sector, entre los que se encontraban representantes de ChileBio; Pensar Agro; ANPROS y Viveros de Chile.

Es importante aclarar que las Nuevas Técnicas de Mejoramiento (NBT) permiten realizar cambios puntuales y precisos en el ADN propio de una planta, sin incorporar genes de otras especies, utilizando herramientas biotecnológicas modernas, a diferencia de los Organismos Genéticamente Modificados (OGM), que se caracterizan por incorporar material genético externo, proveniente de otra especie, para otorgar nuevas características, técnica que ya se encuentra regulada en nuestro país.

Junto con la presentación de esta propuesta de resolución, el SAG dio inicio a un proceso de consulta pública que comenzará el 14 de enero y se extenderá por 60 días, con alcance nacional e internacional. La entrada en vigencia de la Resolución se estima para fines de mayo, dependiendo del volumen y tipo de observaciones que se reciban.

La ministra de Agricultura, Ignacia Fernández, destacó que esta Resolución permitirá avanzar con mayor seguridad en la producción de alimentos. «Nos va a dar certeza jurídica, claridad sobre un procedimiento y mayores atribuciones para que el SAG pueda fiscalizar un proceso clave para avanzar en seguridad alimentaria, en nutrición y en una mejor calidad de producción», señaló. Agregó que Chile necesita reglas claras para fortalecer su capacidad de producir alimentos y adaptarse a condiciones climáticas cada vez más exigentes.

La ministra también valoró el proceso de consulta pública, señalando que el objetivo es «acoger los planteamientos, las visiones que puedan surgir en torno a la necesidad de contar con una resolución mejorada, fortalecida, adaptada efectivamente a las condiciones que el país requiere».

Por su parte, el jefe de la División de Protección Agrícola, Forestal y Semillas del SAG, Marco Muñoz, explicó que «esta resolución no crea una nueva política ni cambia las reglas existentes sobre Organismos Genéticamente Modificados. Lo que hace es formalizar un procedimiento técnico que el SAG viene aplicando responsablemente desde hace más de ocho años, entregando mayor certeza, claridad y respaldo normativo tanto a la ciudadanía como a los distintos actores del sector agrícola».

El procedimiento permitirá evaluar, caso a caso, si un material vegetal desarrollado mediante estas nuevas técnicas debe considerarse convencional o si corresponde que se le aplique la normativa vigente para OGM. Este trámite es obligatorio, se realiza una sola vez y debe completarse antes de que el material sea utilizado en el campo, ya sea que provenga de Chile o del extranjero. De esta forma, el Estado entrega un pronunciamiento oficial y transparente, reforzando la protección sanitaria y ambiental del país. Esto, considerando que cuando un material es determinado como OGM, se le aplican todas las exigencias legales actuales, sin excepciones.

Junto con ello, la nueva normativa fortalece las atribuciones del SAG para fiscalizar y actuar frente a incumplimientos, como el uso de material no evaluado o la entrega de información no fidedigna.

En este trabajo, destacó la colaboración público-privada desarrollada junto a gremios, el SAG, el Ministerio de Ciencias y el INIA.

Por su parte el ministro de Ciencia, Aldo Ovalle, planteó que «esta propuesta es una señal política clara de que el Gobierno asume la responsabilidad de gobernar la innovación con evidencia, con instituciones sólidas y con una mirada de largo plazo. Desde el Ministerio de Ciencia entendemos que la ciencia y la tecnología deben estar al servicio de las necesidades concretas del país, y que un desarrollo tecnológico bien regulado fortalece la confianza pública. Este trabajo conjunto permite que el conocimiento generado en universidades y centros de investigación se traduzca en soluciones reales para una agricultura más resiliente, productiva y sostenible, contribuyendo a la seguridad alimentaria, al empleo rural y a la adaptación al cambio climático, siempre con resguardo del interés público y del medioambiente».

La visión del sector privado

Desde el mundo gremial, Miguel Ángel Sánchez, de ChileBio, calificó este momento como un hito para el país, destacando que se formaliza un procedimiento que ya estaba en funcionamiento y que responde a una tendencia global donde la innovación tecnológica contribuye a mejorar la seguridad alimentaria y la adaptación al cambio climático. Subrayó además que la biotecnología puede generar beneficios para agricultores, consumidores y el medio ambiente.

En la misma línea, Cristián Muñoz, presidente de Pensar Agro, señaló que este avance permitirá contar con mejores materiales para la producción agrícola, fortaleciendo la innovación y beneficiando tanto a productores como a consumidores.

Por su parte, Mario Schindler, director ejecutivo de ANPROS, destacó que Chile está dando un paso hacia el futuro, alineándose con otros países que han reconocido la importancia de estas tecnologías para la seguridad alimentaria y nutricional, valorando el trabajo conjunto entre el Estado y los gremios.

Finalmente, Maritrini Lapuente, directora ejecutiva de Viveros de Chile, enfatizó que esta Resolución entrega certeza al mejoramiento genético, base del potencial productivo de los cultivos. Esto permitirá avanzar hacia una agricultura más innovadora, sostenible y mejor preparada para enfrentar desafíos como sequías y eventos climáticos extremos, con beneficios directos para la ciudadanía.

Con esta iniciativa, el Estado busca entregar mayor confianza, reducir la desinformación y asegurar que la innovación agrícola se desarrolle de manera responsable, transparente y al servicio de una mejor alimentación para las personas.

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