Una profunda crítica política ha desatado la detención de un sujeto en la «megatoma» de San Antonio, imputado por homicidio frustrado contra personal de Carabineros. El caso ha generado indignación transversal tras confirmarse que el detenido es receptor de una pensión de gracia otorgada en el contexto del estallido social, lo que ha llevado a diputados electos de las bancadas Republicana y del Partido de la Gente (PDG) a exigir medidas drásticas y una reestructuración del sistema de beneficios estatales.
Desde el Partido Republicano, las críticas apuntaron a la carga ideológica de estos beneficios. La diputada electa Javiera Rodríguez fue tajante en señalar que estas pensiones deben finalizar de inmediato. «Son más de 6 mil millones de pesos que el Estado ha gastado en mantener a supuestas víctimas, lo que demuestra que el octubrismo sigue enquistado en el Estado. El caso de Bryan evidencia que el gobierno no ha revisado los casos y que antepone a manifestantes violentos por sobre el trabajo de Carabineros en defensa del país», afirmó Rodríguez.
En la misma línea, la diputada electa Valentina Becerra calificó el hecho como una «ofensa» a la ciudadanía. «Que un pensionado por el estallido termine detenido por homicidio frustrado demuestra que estas pensiones no fueron reparación, sino un premio a la violencia. Mientras miles de chilenos hacen filas para una salud digna, el gobierno le pague una mensualidad a alguien que gatilla contra un carabinero. La ley debe estar del lado del uniforme, no del delincuente», sentenció Becerra, exigiendo además la entrega inmediata del listado completo de beneficiarios.
Desde el Partido de la Gente (PDG), el enfoque se centró en la gestión de recursos y la urgencia de reformas técnicas. El legislador electo Fabián Ossandón propuso una salida institucional para proteger el espíritu de la justicia social sin comprometer la seguridad. «Este caso nos obliga a una revisión profunda. No se trata de perseguir, sino de garantizar que los recursos lleguen a quienes cumplen con estándares de probidad. Necesitamos modernizar el Estado para que, ante hechos de violencia tan graves, los beneficios se suspendan de manera automática mientras dure la investigación», explicó Ossandón, enfatizando que el sistema debe ser coherente con la prioridad de proteger a las fuerzas de orden.
Por su parte, el congresista electo Patricio Briones sostuvo que “esta es la prueba de que los criterios para entregar estos beneficios fueron ideológicos y no técnicos, es el mundo al revés. Vamos a legislar para que nunca más un delincuente reciba ni un solo peso de reparación mientras siga cometiendo delitos. No podemos permitir que el dinero de todos los chilenos sirva para financiar estas personas, por lo que si el Gobierno tiene un mínimo de sintonía con la seguridad, debe revocar ese beneficio hoy mismo”.
Presión legislativa para marzo de 2026
Los cuatro parlamentarios coincidieron en que, al asumir sus funciones en marzo, la revisión de estas pensiones y el endurecimiento de los requisitos para beneficios estatales serán prioridades legislativas. La permanencia de estos pagos a personas vinculadas con delitos graves se ha convertido en el primer gran gallito político del año 2026, poniendo al Ejecutivo bajo una intensa presión por transparencia y revocación de decretos.
