Los senadores electos, de la bancada de diputados de Renovación Nacional, Miguel Ángel Becker y Camila Flores, oficiaron a la Comisión de Ética y Transparencia de la Cámara de Diputados para que se investiguen eventuales faltas a la ética parlamentaria cometidas por diputadas y diputados oficialistas: Marcos Ilabaca, Lorena Pizarro, Consuelo Veloso y Emilia Nuyado, en el contexto del caso de la desaparición de Julia Chuñil.
La presentación apunta a intervenciones públicas que, a juicio de los representantes de RN, habrían traspasado los límites de la fiscalización política y vulnerado el principio de respeto a la autonomía del Ministerio Público.
En el documento se relata que desde su inicio el caso de desaparición de Julia Chuñil “se convirtió en un caso cargado de sospechas y tensiones públicas”. Y que en un entorno marcado por conflictos territoriales e hipótesis de intervención de terceros vinculados a intereses económicos, “hijos y organizaciones medioambientales se encargaron de instalar la versión de que su madre era activista medioambiental que desapareción por unas supuestas disputas con un empresario forestal”.
Y en esa línea parlamentarios “validaron públicamente hipótesis investigativas carentes de sustento probatorio” y atribuyeron responsabilidades penales sin resolución judicial. Según se expone, estas actuaciones “tensionaron indebidamente una investigación penal en curso, interfiriendo en un ámbito ajeno a la competencia del Poder Legislativo”.
La bancada de RN advierte que algunas declaraciones públicas fueron especialmente graves, como cuando se afirmó que “el Ministerio Público ha relativizado y buscado una línea investigativa para inculpar a la familia”, o cuando se señaló que “el gran empresariado forestal asesina a nuestros pueblos originarios y asesina a los defensores ambientales”, sin que existieran antecedentes judiciales que respaldaran tales acusaciones. Asimismo, se cuestionó la difusión de supuestas pruebas, señalando que se llegó a afirmar que “a Julia Chuñil la quemaron, no tenemos dudas”, aludiendo a escuchas telefónicas que no constaban formalmente en la causa.
Los legisladores de Renovación Nacional subrayan que este tipo de intervenciones “difuminan los límites entre fiscalización y presión indebida”, afectando no solo una causa específica, sino también la confianza pública en las instituciones. En ese sentido, recalcan que el Reglamento de la Cámara exige a los parlamentarios “obrar con honradez y buena fe”, “no afirmar ni negar con falsedad” y “desempeñar sus cometidos con una conducta acorde a su investidura”.
Por ello, solicitaron que se active el procedimiento ordinario contemplado en el Reglamento de la Corporación, con el objeto de que la Comisión de Ética “conozca y eventualmente sancione” las conductas descritas, reiterando que en un Estado de Derecho “la fiscalización política no puede transformarse en presión indebida ni en un juicio paralelo”, ya que ello “erosiona la confianza pública y debilita el principio de separación de funciones”.
