El coordinador del Observatorio del Crimen Organizado y Terrorismo de la UNAB, Pablo Urquízar, analiza el impacto del fallo que absolvió a Claudio Crespo y la violencia en la megatoma de San Antonio, advirtiendo que ambos casos marcan un punto de inflexión en el respaldo institucional al uso de la fuerza y en el control territorial del Estado.
El reciente fallo del Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago que absolvió al teniente coronel (r) Claudio Crespo en el caso de Gustavo Gatica, junto con los hechos de violencia registrados en la megatoma de San Antonio —donde dos carabineros resultaron heridos a bala—, reactivaron el debate sobre el uso de la fuerza, el rol del Estado y la penetración del crimen organizado en territorios vulnerables.
Para Pablo Urquízar, coordinador del Observatorio del Crimen Organizado y Terrorismo del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello, la absolución de Crespo entrega una señal clara a las policías y fuerzas de seguridad. “Respetando la independencia de los tribunales, lo que se da cuenta es que existió legítima defensa, considerando todos sus elementos: agresión ilegítima, necesidad racional del medio empleado y falta de provocación suficiente”, explicó.
Urquízar subrayó que el fallo está fuertemente influenciado por la Ley Naín-Retamal, normativa que refuerza la protección jurídica a carabineros, Fuerzas Armadas, PDI y Gendarmería en el uso de la fuerza. “Esta ley permite resguardar eficazmente a quienes cumplen funciones de seguridad, y en este caso se aplica retroactivamente, beneficiando al teniente coronel Crespo”, señaló.
En ese sentido, enfatizó que la decisión judicial “no solo es relevante para el imputado hoy absuelto, sino que también entrega una señal positiva a todos los funcionarios que participan en el control del orden público y, especialmente hoy, en el combate al crimen organizado”.
Violencia y tomas: cuando el crimen ocupa el vacío del Estado
El experto también abordó la situación ocurrida en la megatoma de San Antonio, donde durante un operativo se registraron disparos contra carabineros con armas de 9 milímetros. A su juicio, este tipo de hechos evidencia una problemática mayor que trasciende el conflicto habitacional.
“Muchas tomas nacen de necesidades sociales que el Estado no logró resolver a tiempo. Sin embargo, no todas están vinculadas a delincuencia, pero hay otras que sí terminan siendo cooptadas por crimen organizado”, explicó Urquízar.
Como antecedente, recordó el caso del Cerro Chuño en Arica. “Ahí quien controlaba completamente el territorio era el Tren de Aragua, con extorsiones, secuestros, homicidios y trata de personas. Eso ocurre cuando el Estado está ausente y el control territorial lo asumen organizaciones criminales”, advirtió.
Sobre San Antonio, sostuvo que la violencia registrada da cuenta de un escenario similar. “Cuando hay disparos contra carabineros, ya no estamos hablando solo de resistencia a un desalojo. Estamos frente a un ecosistema criminal que se defiende porque se le está acabando el negocio”, afirmó.
Control territorial como eje
Urquízar fue enfático en que la respuesta debe ser institucional. “Lo que corresponde es imponer el Estado de Derecho y recuperar el control territorial por parte del propio Estado. Esa es la única forma de evitar que estos espacios sigan siendo terreno fértil para el crimen organizado”, concluyó.
