Al abogado y presidente de la Fundación Fuerza Ciudadana, Raimundo Palamara, le parece llamativo el silencio que han mantenido los y las concejales de Viña del Mar luego que la Corte de Apelaciones les diera el favor a los trabajadores de la salud municipal e impidiera que se aplicaran las rebajas salariales que había determinado la Corporación. Y es que a juicio del profesional, la municipalidad ni siquiera debería pensar en llevar esta causa a la Corte Suprema, debido a que significará un gasto sin tener asegurado el éxito.
«La función de los concejales no se agota en declaraciones altisonantes ni en videos para redes sociales. Fiscalizar exige decisiones, actos concretos y, sobre todo, asumir costos políticos cuando corresponde. Permanecer a la espera de lo que resuelva la Corte Suprema, como si se tratara de un espectador más, equivale en los hechos a no ejercer la función para la cual fueron electos, dispara Palamara.
El abogado recuerda además que «tras el fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, varios concejales anunciaron que “se harían valer las responsabilidades”. La pregunta sigue sin respuesta: ¿Cómo? Porque es evidente que la “indignación” digital no reemplaza las herramientas institucionales que la ley pone a su disposición, ni constituye un ejercicio serio de control».
Respecto del gasto que generará para el municipio seguir litigando este caso en la Corte Suprema, Palamara sostiene que «se informó la contratación de un estudio jurídico externo, comprometiendo nuevamente recursos municipales. Resulta legítimo preguntarse si alguno ha exigido explicaciones formales sobre por qué quienes impulsaron esta modificación -o propuesta como anunció el municipio al concejo- ahora no son capaces de defenderla. Más aún, ¿cuál es el sentido de contar con más de cincuenta abogados en el municipio si no pueden —o no quieren— sostener una defensa adecuada?, considerando además que, en la mayoría de estos casos, la Corte Suprema resuelve “en cuenta”, sin alegatos».
El jurista insiste en que la actitud de los ediles ha sido demasiado pasiva, considerando que el año pasado votaron una rebaja de sueldos en contra de los y las trabajadoras de la salud sin todos los antecedentes en la mano, por lo que deberían sentirse burlados por la Corporación.
«Los concejales no están atados de manos. Cuentan con el número necesario para promover sanciones por notable abandono de deberes; pueden presentar denuncias o querellas directamente, sobre todo si —como ellos mismos señalaron— a ellos les mintieron en la cara; o, al menos, solicitar pronunciamientos a la Contraloría General de la República. Optar por no hacer nada, existiendo alternativas claras, no es prudencia: es omisión», aclara el abogado, junto con agregar que «el tiempo transcurrido hace aún menos comprensible la vacilación. Este asunto debería ya estar estudiado en profundidad por los ediles, y no corresponde titubear ahora, aunque ello implique incomodar y aunque se arriesguen a no ser invitados para la alfombra roja de la Gala del Festival».
Finalmente, el presidente de Fuerza Ciudadana reflexiona y sostiene que «el concejo municipal no está para administrar silencios ni para encubrir malas decisiones. Está para fiscalizar, para actuar y para responder ante la ciudadanía. Y esa responsabilidad no se cumple con likes, sino con hechos. Vemos al concejo porteño que fue valiente en atacar mediante querella contra una mala administración, y entonces me pregunto nuevamente ¿Por qué en Viña no?», concluye el profesional viñamarino
