Conocida la detención de la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, vinculada a presuntos delitos de cohecho y lavado de activos, dirigentes de la Asistencia Judicial señalaron que hechos como este, además de evidenciar la crisis de confianza ciudadana en el Poder Judicial, representan una oportunidad para reivindicar a quienes trabajan por una justicia entendida como un principio y un derecho democrático.
Luego de concretarse la detención de la ex Ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, tras ser admisible una querella en su contra por cohecho y lavado de activos en el caso “Muñeca Bielorrusa”, diversos actores del ámbito de la justicia reaccionaron ante un hecho que marca un nuevo hito en los cuestionamientos contra unos de los tres Poderes del Estado.
Desde la Federación Nacional del Acceso a la Justicia (Fenadaj) —organización que agrupa a las y los trabajadores de las Corporaciones de Asistencia Judicial (CAJ) — señalaron que lo ocurrido con la ex magistrada, la noche del domingo, “si bien confirma una crisis profunda en el Poder Judicial, también representa una oportunidad clave para recuperar la confianza ciudadana”.
Así lo expresó Victoria Escalante, presidenta de Fenadaj, quien agregó que el caso Vivanco “es una señal clara de que en Chile existen grupos de poder que han actuado desde la impunidad y el abuso de la justicia, mientras otros sectores intentan acercar este derecho fundamental a quienes se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad”, en referencia al trabajo que desarrollan las Corporaciones de Asistencia Judicial a lo largo del país.
“Como Federación lo hemos señalado en diversas oportunidades: urge una revisión profunda, no solo de las estructuras formales de los tribunales, sino también de los estándares éticos y de los mecanismos de fiscalización de juezas y jueces”, enfatizó la dirigenta.
Cabe señalar que la Fiscalía investiga a Ángela Vivanco por los eventuales delitos de cohecho y lavado de activos, cuyas sospechas se sustentan en posibles pagos o beneficios asociados a resoluciones favorables a empresas involucradas en juicios donde habría tenido injerencia la ex jueza.
