El presidente de la Comisión de Educación del Senado, Gustavo Sanhueza, junto a integrantes de la instancia, entre ellos la senadora Ximena Rincón, de la Comisión de Hacienda, hicieron llegar una respuesta a la ministra de la Secretaría General de la Presidencia, Macarena Lobos, manifestando su preocupación por la demora del Ejecutivo en entregar definiciones frente a las indicaciones presentadas al proyecto de sala cuna universal, lo que terminó impidiendo un análisis serio y oportuno de las propuestas.
Desde la Comisión señalaron que, si bien existen visiones distintas respecto del diseño del proyecto, el objetivo compartido es avanzar hacia un Chile más justo y equitativo, donde la maternidad no siga siendo una carga laboral para las mujeres.
En ese sentido, enfatizaron que la corresponsabilidad en la crianza debe establecerse desde el marco legal para generar el cambio cultural urgente que el país requiere.
Los parlamentarios advirtieron que los puntos de desacuerdo se habían ido acotando de manera significativa durante la tramitación. Sin embargo, recalcaron que las respuestas del Gobierno llegaron tardíamente, sin margen para evaluar las propuestas con la responsabilidad que exige una política pública de esta envergadura.
En el contenido del planteamiento, la Comisión cuestiona el diseño financiero del proyecto, advirtiendo que se crea un derecho universal financiado con una cotización fija y con garantía fiscal automática, sin que exista un estudio que acredite la sustentabilidad financiera del sistema. Asimismo, se alerta que la iniciativa no incorpora un análisis ex ante de la demanda por salas cuna, lo que podría generar una fuerte tensión sobre la oferta disponible.
Además, se señala que las restricciones en la asignación del voucher dejan fuera a un porcentaje relevante de establecimientos VTF y que, si bien el reconocimiento oficial es un debate legítimo, el proyecto, tal como está formulado, profundiza las tensiones en la provisión del servicio.
La Comisión también advierte un precedente fiscal complejo, ya que el proyecto establece que, si el Fondo resulta insuficiente, el Estado debe transferir recursos de manera automática, configurando un gasto fiscal contingente obligatorio, sin autorización anual previa del Congreso y sin un techo explícito.
Finalmente, los senadores plantean ajustes indispensables para avanzar, como eximir de responsabilidad al empleador cuando no exista disponibilidad de sala cuna en el registro, fijar anualmente el monto del aporte y establecer que cada tres años la Superintendencia de Educación emita un informe fundado sobre el nivel adecuado de financiamiento. Asimismo, cuestionan la prohibición de copago, señalando que termina operando como una fijación de precios que puede afectar la calidad del servicio y restringir la libertad de las familias para elegir dónde llevar a sus hijos.
