La expulsión de turistas rusos tras operar motos de agua en un lago protegido del sur de Chile generó una ola de reacciones inmediatas. Para algunos, se trató de una respuesta exagerada; para otros, de una señal tardía frente a un problema que se repite una y otra vez: el turismo que ignora la normativa local y utiliza el territorio como si no tuviera reglas ni consecuencias.
Más allá del caso puntual, el episodio deja al descubierto una pregunta incómoda pero necesaria: ¿qué dice la ley chilena y qué estamos dispuestos a tolerar cuando se vulnera en nombre de la entretención o la aventura?
En este caso, los incumplimientos no fueron menores ni aislados. Personas ingresaron al país con visa de turista para realizar actividades lucrativas, sin tributar, sin domicilio en Chile y sin inicio de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos. Desde el punto de vista legal, eso ya configura una irregularidad grave. Pero además, se trataba de una actividad de turismo de aventura —uso de motos acuáticas— que en Chile está claramente regulada y exige inscripción obligatoria en el Registro Nacional de Prestadores de Servicios Turísticos de SERNATUR, precisamente para asegurar estándares mínimos de seguridad.
A esto se suma una dimensión ambiental y territorial que no puede pasarse por alto. Muchos lagos y cuerpos de agua cuentan con normativas específicas, planes de manejo o, como en este caso, ordenanzas municipales que prohíben el ingreso de motos acuáticas. No se trata de caprichos ni de opiniones personales, sino de regulaciones respaldadas por estudios técnicos orientados a proteger ecosistemas frágiles y el entorno natural. Cumplirlas no es opcional.
El problema, sin embargo, no se limita a los turistas extranjeros. También interpela directamente al ecosistema local del turismo. Guías y operadores chilenos conocen la normativa. Saben qué está permitido y qué no. Cuando deciden participar o facilitar actividades ilegales, no solo ponen en riesgo a las personas involucradas, sino que dañan el territorio del cual viven y deterioran la credibilidad de una actividad que depende, en gran medida, de la confianza.
La expulsión y revocación de visas puede parecer una sanción contundente, pero en el fondo es insuficiente. El daño ambiental ya ocurrió y el mensaje que se instala es ambiguo: se infringe la ley, se genera impacto y luego simplemente se abandona el país. En un contexto donde se repiten conductas similares —fogatas en parques nacionales, ingreso de mascotas a áreas protegidas, extracción de fauna marina, uso de parlantes en playas— la tendencia internacional apunta a endurecer las sanciones, no solo para castigar, sino para disuadir.
Chile se ha posicionado internacionalmente como un destino asociado a la naturaleza y a su protección. Pero ese relato pierde fuerza si no va acompañado de reglas claras, sanciones efectivas y, sobre todo, una cultura de respeto por el entorno. Disfrutar del país no puede significar hacer cualquier cosa. La aventura, cuando cruza la línea de la ilegalidad, deja de ser turismo y se transforma simplemente en irresponsabilidad.
