Ante la demanda presentada por la empresa pesquera Camanchaca contra el Fisco, en la cual exige una indemnización cercana a los US$ 100 millones argumentando un supuesto perjuicio por la entrada en vigencia de la nueva Ley de Fraccionamiento (Ley N° 21.752), la Alianza Nacional Por la Defensa de la Pesca Artesanal declaró su completo rechazo a la iniciativa.
La Alianza Nacional por la Defensa de la Pesca Artesanal calificó como “inmoral” la demanda presentada por Camanchaca contra el Estado, acusando a la empresa de intentar perpetuar privilegios obtenidos bajo una legislación cuestionada. Dirigentes del sector sostienen que la nueva Ley de Fraccionamiento no expropia derechos, sino que corrige una injusticia histórica, reafirma que los recursos marinos son bienes comunes y advierten que no permitirán retrocesos frente a presiones judiciales de la gran industria pesquera.
“Consideramos una vergüenza nacional que grupos económicos que usufructuaron durante años de una ley ilegítima —que les regaló cuotas de pesca a perpetuidad— hoy pretendan cobrarle al Estado por corregir una injusticia histórica. La demanda de Camanchaca no es defensa de derechos; es la prepotencia de quienes se acostumbraron a legislar a su medida y hoy no aceptan perder privilegios” sostuvo Hernán Cortés, Presidente de CONDEPP y vocero de la Alianza.
Los recursos del mar no tienen dueño privado
Desde la Corporación Nacional de mujeres de la Pesca Artesanal, Sara Garrido, su presidenta manifestó enérgicamente que: “Respondemos tajantemente al abogado de la empresa, Jorge Bofill: El Estado no ha ‘expropiado’ nada porque los peces que nadan en el mar no pertenecen a Camanchaca ni a las siete familias. Pertenecen a todos los chilenos. La Ley N° 21.752 lo que hizo fue restituir la soberanía alimentaria y distribuir con justicia lo que la ‘Ley Longueira’ había concentrado indebidamente. Alegar propiedad sobre peces no capturados es un insulto al sentido común y a la soberanía del país”, señaló la dirigenta
Camanchaca cifra sus pérdidas en US$ 100 millones. Ramón Chaparro, vocero de CONDEPP reaccionó diciendo: «¿Cuánto le debe la industria pesquera a Chile por el daño ambiental, la sobreexplotación de recursos y la precarización de la pesca artesanal durante las últimas décadas? Si vamos a hablar de indemnizaciones, la cuenta histórica la pagan ellos, no el Fisco. Es inaceptable que pretendan que los impuestos de todos los chilenos cubran sus proyecciones de lucro, basadas en licencias obtenidas bajo una normativa cuestionada por corrupción”.
Por su parte, Pascual Aguilera, presidente de CORANOR anunció que desde las organizaciones se declaran en alerta frente a esta nueva embestida de la Industria. “Notamos con preocupación que la empresa busca dejar un ‘testimonio político’ ante el cambio de mando. Hacemos un llamado claro al gobierno entrante de José Antonio Kast: la pesca artesanal no dará ni un paso atrás. La Ley de Fraccionamiento fue un triunfo democrático y social. Cualquier intento de ‘mitigar´ los efectos para la industria o revertir estos avances mediante presiones judiciales o administrativas encontrará a la pesca artesanal unida y movilizada en todas las caletas de Chile.”
Finalmente, Cortés criticó la acción diciendo: “Camanchaca y sus abogados tienen un claro sentido político partidista cuando omiten que la ley de fraccionamiento se aprobó por amplia mayoría en ambas cámaras. El informe de la comisión mixta fue aprobado en la Cámara de Diputados y Diputadas por 122 votos a favor, 15 en contra y 2 abstenciones, mientras que en el Senado fueron 38 votos a favor y solo una abstención.”
