La reciente aprobación de los nuevos Estándares de Formación Inicial Docente para Educación Parvularia, actualizados tras más de una década desde su versión 2012, constituye una señal política relevante sobre el lugar que el país asigna a la primera infancia. No se trata solo de una actualización técnica de la normativa, sino de una definición del sentido formativo de quienes acompañan los primeros años de vida respecto del tipo de sociedad que se busca construir desde las primeras etapas de desarrollo humano.
Uno de los pilares de esta propuesta es la consolidación del juego como eje estructurante de la formación profesional, reconociéndolo como principio pedagógico fundamental, con el que niñas y niños exploran, comprenden y se relacionan con el mundo. Esta definición dialoga de manera coherente con las Bases Curriculares de la Educación Parvularia y con el Marco para la Buena Enseñanza del nivel, reforzando una concepción de infancia activa, competente y protagonista. Desde una perspectiva política, relevar el juego implica a su vez cuestionar prácticas de escolarización temprana y resguardar el derecho de la infancia a aprender desde sus propios lenguajes.
La incorporación de la sustentabilidad como enfoque transversal constituye otro avance importante. En un contexto de crisis climática y profundas desigualdades sociales, educar desde la primera infancia en el cuidado del entorno, la interdependencia y la responsabilidad colectiva, es una decisión ética y estratégica. Estos estándares reconocen que la relación con la naturaleza y la conciencia ecológica se construyen desde experiencias tempranas, y que la educación parvularia se constituye como un espacio estratégico para su desarrollo.
Asimismo, el énfasis en la ciudadanía desde la cuna contribuye a una comprensión ética y formativa de la educación inicial, reconociendo a niños y niñas como sujetos de derecho, con capacidad de participación y expresión, fortalece una mirada democrática e inclusiva del nivel, en coherencia con los referentes curriculares vigentes y una articulación con los niveles educativos siguientes.
El impacto de estos nuevos estándares en los planes de estudio será profundo. Las instituciones formadoras deberán reformular y revisar trayectorias formativas, prácticas y evaluaciones, asegurando coherencia entre principios y experiencias reales de formación. Más que una actualización normativa, estos estándares representan una oportunidad para reorientar la formación inicial hacia un proyecto educativo comprometido con la infancia y con el futuro del país.
