En 2007 la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 20 de febrero como el Día Mundial de la Justicia Social, esto con el fin de propiciar la erradicación de la pobreza, la promoción de la igualdad de oportunidades y el acceso equitativo para que todas las personas tengan una vida digna. Esta conmemoración insta a la reflexión acerca de los desafíos que tienen los países para garantizar el cumplimiento de los derechos fundamentales de los individuos sin distinción de género, origen, edad y religión, así como también generar acciones concretas que cautelen la equidad y la protección social.
Referirse a la justicia social no implica solo atender lo político o jurídico, sino que apunta a reducir brechas entre las personas y brindar oportunidades a todas y todos en ámbitos como la educación, salud, vivienda y el trabajo digno. Ante esto, es significativo que se logren condiciones favorables para la eliminación de las desigualdades y de ese modo, lograr sentar bases que fomenten una cultura de paz.
Sociedades donde prima la exclusión, la violencia y la precariedad, se convierten en un terreno fértil para generar tensiones en el tejido social, favorecer la inestabilidad democrática y atentar contra la seguridad de los sujetos. Es por ello que cobra relevancia promover la dignidad, igualdad y equidad.
Cuando se garantiza el cumplimiento de los derechos y se consiguen las condiciones para que los individuos cuenten con oportunidades para su desarrollo integral, lo que les permite una vida plena, tranquila y justa, se construyen espacios sociales más resilientes y armónicos. Frente a esta situación, es importante que las políticas públicas fortalezcan acciones inclusivas; la cooperación internacional y la solidaridad son un pilar fundamental para situar la dignidad de las personas como foco central en su ámbito de acción. Reducir las diferencias es una condición esencial para consolidar la democracia y posibilitar la participación social.
En este escenario la educación cobra un papel esencial, dado que se convierte en una herramienta transformadora que posibilita la reducción de desigualdades, ya que al entregar formación a los individuos, estos cuentan con saberes que favorecerán su desarrollo y se abrirán puertas para incrementar nuevos conocimientos, así como más y mejores oportunidades de accesibilidad laboral, social y económica.
Lograr una educación de calidad e inclusiva para todas las personas, no solo amplía los horizontes de cada sujeto, sino que también fortalece el tejido social, aportando al bien común y a proyectar sociedades más justas.
