El subsecretario del Medio Ambiente, José Ignacio Vial, confirmó este martes el haber pedido a la Contraloría General de la República (Chile) el retiro del trámite de toma de razón de 43 decretos supremos ingresados durante el gobierno anterior. El sato fue confirmado por el propio Presidente José Antonio Kast, quien destacó que esto se hizo con el fin de poder asegurar que se cumplan con todos los estándares técnicos y normativos vigentes.
«La medida busca que los actos administrativos respondan a los más altos estándares de calidad jurídica, resguarden el cuidado de las personas y protejan efectivamente el patrimonio natural del país», señalaron desde el Ministerio de Medio Ambiente mediante una declaración pública, junto con decir que esto también se enmarca en la revisión del plan de auditoría interna del Gobierno anunciada por Kast para todos los ministerios.
Desde la cartera contaron que el gobierno saliente ingresó 21 decretos en los primeros días de marzo, de los cuales 13 fueron tramitados el último día de gestión.
Entre los decretos retirados, en Emol.cl se especifica que el que aprueba el reglamento del Consejo Nacional para la Sustentabilidad y el Cambio Climático, y los consejos consultivos regionales del Medio Ambiente; aprueba reglamento para la evaluación ambiental estratégica; establece normas secundarias de calidad ambiental para la protección de aguas continentales superficiales de la cuenca del Río Huasco; un plan sectorial de adaptación al cambio climático de biodiversidad y otro que establece un plan de descontaminación atmosférica para la ciudad de Puerto Aysén y su parea circundante.
Hay otro que establece normas de emisión para centrales termoeléctricas; uno que establece norma de emisión para fundiciones de cobre y fuentes emisoras de arsénico; aprueba la gobernanza de la estrategia nacional de transición sociecológica justa; aprueba plan de recuperación, conservación y gestión de las Ranitas de Darwin; establece norma primaria de calidad del aire para plomo.
También destacan otros que tienen que ver con la flora y la fauna y la creación de varios parques nacionales. Están por ejemplo, el que crea el Parque Nacional «Salar de Gorbea», en Diego de Almagro; crea el Parque Nacional «Las Parinas», en Diego de Almagro y la creación del Parque Nacional «Mar de Juan Fernández», en Juan Fernández y el Parque Nacional, «Nazca Desventuradas II», en Valparaíso, entre otros. O el que declara monumento natural de especie al pingüino de Humboldt.
REACCION GREENPEACE
Declaración pública
Respecto de la decisión de retirar 43 decretos ambientales de su entrada en vigencia, Roxana Núñez, abogada de Greenpeace Chile asegura que:
Urge que el gobierno explique con total claridad las razones que llevaron a la Subsecretaría de Medio Ambiente a retirar del trámite de toma de razón en Contraloría un total de 43 decretos en materias fundamentales para la protección ambiental del país. Esta decisión no es un hecho administrativo menor ni común, como el ministerio ha intentado instalar: representa una señal preocupante de desmantelamiento progresivo de la institucionalidad ambiental, en un contexto en que Chile debiera avanzar justamente en la dirección contraria. Chile no puede darse el lujo de retroceder, mucho menos en materias claves para la ciudadanía, que habían sido largamente esperadas y exigidas por esta.
Lo que está en juego no es solo la tramitación de decretos, sino la capacidad real del país de enfrentar la crisis climática y ecológica con la urgencia, coherencia y responsabilidad que exige el momento actual.
Hablamos de normas de calidad del aire, regulación de emisiones para industrias como las termoeléctricas, planes de descontaminación —como el del lago Villarrica—, instrumentos de adaptación al cambio climático, reglamentos esenciales para implementar el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, y planes de recuperación de especies amenazadas como la ranita de Darwin. También se ven comprometidas medidas relevantes como la declaración del pingüino de Humboldt como Monumento Natural y la creación de múltiples áreas protegidas en distintas regiones del país, incluyendo ecosistemas estratégicos como salares y zonas marinas.
Estos decretos, remitidos entre 2023 y 2026, ya habían atravesado procesos técnicos, administrativos y participativos. Por lo mismo, resulta especialmente grave y difícil de justificar su retiro, ya que implica frenar su entrada en vigencia sin una explicación transparente. Las consecuencias de esta decisión son profundas: se retrasa la implementación de normas que resguardan la salud de las personas —especialmente en zonas altamente contaminadas—; se debilita aún más la institucionalidad ambiental; se postergan respuestas urgentes frente a la crisis climática; y se paralizan avances concretos en la protección de ecosistemas y especies.
Lejos de fortalecer la gestión ambiental, este tipo de medidas instala la preocupación de que el país esté transitando hacia un escenario de retroceso, donde la protección del medio ambiente pierde prioridad frente a otras agendas. Por ello, es indispensable que el gobierno no solo entregue explicaciones claras, sino que además garantice que no se está consolidando un proceso de debilitamiento estructural de las herramientas que Chile ha construido durante décadas para resguardar su patrimonio natural.
Roxana Núñez, abogada de Greenpeace
