Exigiendo al gobierno aclarar los alcances del retiro de la Contraloría de más de 40 decretos del Ministerio del Medio Ambiente (MMA), ingresados a trámite por el anterior Ejecutivo, y apuntando a que la medida llama a un “estado de alerta” ambiental, reaccionó la senadora Daniella Cicardini (PS) tras conocerse dicha información.
La parlamentaria advirtió que esta medida, inédita en su alcance, pone en riesgo directo instrumentos de protección ambiental trabajados durante años, particularmente para la protección de salares y ecosistemas en la Región de Atacama.
Entre los documentos retirados se encuentran normas críticas para la zona, como las de calidad ambiental para la cuenca del Río Huasco, la creación de los parques nacionales Salar de Gorbea y Lagunas Bravas, y la reserva nacional Salar de Pedernales, todos ubicados en la comuna de Diego de Almagro, en Atacama. Asimismo, se detuvo la declaratoria de Monumento Natural para el pingüino de Humboldt.
Al respecto, la parlamentaria indicó que, “exigimos al Presidente Kast decir con claridad si estas medidas son solo un trámite administrativo o si buscan desmantelar la protección de nuestros ecosistemas. Es extremadamente alarmante que se retiren normas de agua y aire justo cuando anuncian que quieren agilizar permisos ambientales”.
“El gobierno debe transparentar si pretende darle un garrotazo al medioambiente de Chile, pasando por sobre la institucionalidad, ignorando la realidad del cambio climático e incluso no considerando la consulta indígena y la voz de las comunidades”, subrayó.
En esa línea, la legisladora por la Región de Atacama afirmó que “aquí se pone en riesgo una Estrategia Nacional del Litio que buscaba compatibilizar el desarrollo y la protección con reglas claras para definir tanto los espacios de explotación como de resguardo”. “No aceptaremos que Atacama sea zona de sacrificio. Nos declaramos en estado de alerta”, enfatizó.
Finalmente, Cicardini expresó que este movimiento administrativo no puede leerse de forma aislada a la solicitud de renuncia a las autoridades del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) y de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), seleccionados por Alta Dirección Pública; ni de la firma de decretos para destrabar proyectos o el anuncio de reformas al SEIA.
