De acuerdo a la denuncia, el GORE adquirió por trato directo una casona, por la cual se pagó unos $800 millones a un juez de la zona, quien posteriormente, con ese dinero, habría adquirido otro inmueble que es de propiedad de la esposa de la autoridad.
Esta semana la Contraloría General de la República (CGR), emitió el Dictamen N.º D168/2026 en el que confirma graves irregularidades en la compra de un inmueble por parte del Gobernador Regional de Magallanes Jorge Flies, y que fueron denunciadas el año pasado por el hoy diputado Republicano Alejandro Riquelme.
Se trata de un inmueble que fue adquirido con trato directo con el fin de convertirlo en una residencia para adolescentes del servicio Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia. Pero el problema es que el dueño de la casona es un juez de la zona, quien tras recibir unos $800 millones -de acuerdo a la denuncia-, con ese dinero adquirió un inmueble a la esposa del gobernador Flies.
“Este informe valida las denuncias presentadas por parlamentarios y Cores respecto de un proceso que, según el organismo Contralor, no se ajustó a derecho y vulneró principios esenciales de probidad administrativa”, sostuvo el parlamentario.
En ese sentido, los antecedentes fueron derivados a la Fiscalía Regional de Magallanes por parte del propio diputado Riquelme, además del senador Alejandro Kusanovic y el exdiputado Christian Matheson, a fin de que se investigaran estos hechos.
Riquelme aseguró que los antecedentes descritos por la Contraloría son de la “mayor gravedad” y que la información “permite sostener que existen fundamentos suficientes para iniciar las acciones institucionales necesarias para solicitar la destitución del Gobernador Regional, con el objetivo de resguardar la probidad administrativa y la correcta gestión de los recursos públicos.
Contraloría: “No se justifica el trato directo”
En lo medular, el dictamen establece que el Gobernador Flies no realizó la licitación pública exigida por la normativa, ni dictó una resolución fundada que justificara recurrir al trato directo, modalidad que solo puede utilizarse de manera excepcional.
En esa línea, Riquelme agregó que la Contraloría concluye que la adquisición del inmueble “no resultó procedente en los términos en que fue realizada, evidenciando deficiencias en el resguardo del patrimonio público y en el cumplimiento de los deberes que recaen sobre la autoridad regional”.
El informe también advierte irregularidades en el proceso de selección del inmueble, inconsistencias en las tasaciones comerciales, ausencia de estudios técnico-económicos que justificaran la decisión adoptada y antecedentes que podrían comprometer el principio de probidad administrativa, lo que refleja un procedimiento deficiente en el uso de recursos públicos.
Para el parlamentario magallánico, este dictamen “echa por tierra la tesis que durante meses sostuvo el Gobernador Regional Flies, quien intentó instalar que las denuncias en su contra constituían injurias o ataques políticos. Con el dictamen firmado por la misma Contralora Nacional Dorothy Pérez, queda demostrado que las advertencias y cuestionamientos si tenían fundamento, y que finalmente la verdad se impone con antecedentes objetivos emanados del máximo órgano de control del Estado”.
“Paralelamente, estos hechos están siendo investigados por el Ministerio Público, que desarrolla una extensiva investigación penal destinada a esclarecer eventuales delitos asociados a esta operación”, advirtió Riquelme, junto con destacar que la indagatoria “podría eventualmente derivar en la formalización del Gobernador Regional, de familiares vinculados a los hechos y de altos funcionarios del sistema judicial regional, en caso de acreditare responsabilidades penales”.
