La parlamentaria integrante de las comisiones de mujeres y educación señaló que estos hechos evidencian la necesidad de fortalecer las medidas para erradicar la violencia en todos los espacios especialmente en los educativos.
La diputada por la región de Ñuble, Sara Concha, condenó el grave hecho de violencia que afectó a una ministra de ciencias, Ximena Lincolao en un establecimiento de educación superior, calificándolo como «inaceptable» y advirtiendo que este tipo de situaciones no pueden seguir ocurriendo en espacios destinados a la formación.
«Este es un hecho que debemos condenar con todas sus letras. Independiente de quién sea la autoridad afectada, la violencia no puede tener cabida en ningún espacio educacional, y menos aún en el ámbito universitario», señaló la parlamentaria.
«Esto no puede volver a ocurrir. Espero que la universidad tome todas las medidas necesarias y adopte las acciones correspondientes frente a aquellos estudiantes que, de manera violenta y agresiva, protagonizaron este ataque», agregó.
Asimismo, en su calidad de integrante de la Comisión de Mujeres, la diputada solicitó y apoyo que se emitiera una declaración pública transversal por parte de todas la diputadas integrantes, condenando este tipo de agresiones, reforzando el compromiso institucional con el respeto y la no violencia.
En ese contexto, Concha vinculó lo ocurrido con la discusión que actualmente se desarrolla en el Congreso en torno a proyectos orientados a fortalecer la seguridad en los establecimientos educacionales, como las iniciativas de aula protegida.
«Tenemos que hacernos cargo de la realidad que hoy enfrenta nuestro país en materia de educación, no solo mejorando la calidad, sino también las condiciones en que nuestros estudiantes desarrollan su proceso formativo. Esta iniciativa apunta precisamente a frenar la ola de violencia que hemos visto, con casos muy dramáticos en las últimas semanas», indicó.
Finalmente, la parlamentaria recalcó que esta problemática debe enfrentarse con una mirada integral, «necesitamos una mirada integral, con políticas de Estado que incluyan a las familias y a toda la comunidad educativa, para abordar las causas de fondo. Debemos garantizar la seguridad de nuestros estudiantes, docentes y de todos quienes forman parte de las comunidades educativas», concluyó.
