Todos conocemos una historia así. Una persona decide emprender, comenzar a vender y emitir su primera boleta o factura. En ese contexto busca “inicio de actividades” y, en vez de encontrar un camino claro, se enfrenta a un laberinto de opciones, conceptos técnicos y requisitos que parecen escritos para especialistas. Lo que sigue suele ser conocido: dudas, errores involuntarios, costos de asesoría que no estaban presupuestados o derechamente el abandono de la formalización.
En materia tributaria, muchas personas asumen que “es así nomás”: que hay que esperar meses, que hay que demostrar de más, que hay que adivinar criterios, que “si el sistema lo pide” entonces debiera ser razonable.
No obstante, la normalización no convierte una práctica en legítima. Lo que para el contribuyente es una traba concreta, para la Defensoría se convierte en evidencia de un problema estructural del sistema. Allí, es donde los informes sistémicos de la Defensoría del Contribuyente muestran su valor estratégico.
La Defensoría del Contribuyente cuenta con atribuciones para estudiar, revisar y analizar eventuales problemáticas, necesidades y vulneraciones de carácter sistemático que puedan afectar los derechos de los contribuyentes, buscando soluciones participativas y gestionando con las autoridades fiscales correspondientes un efectivo resguardo de los derechos y aplicación de la Ley.
Durante 2025, la Defensoría del Contribuyente puso sobre la mesa problemas que muchas personas viven en silencio. Se abordó la situación de trabajadores a quienes les descontaron impuestos pero se les exigían certificados difíciles o imposibles de conseguir; de emprendedores que enfrentan barreras para iniciar actividades y formalizar un emprendimiento —sobre todo personas de bajos recursos, actividades esporádicas o digitales—; de contribuyentes que se les limitaba o suspendía la facturación electrónica sin una causa clara; de ciudadanos que no lograban comprender el impuesto territorial que se les cobró.
Además, se revisaron trámites clave para los contribuyentes como problemas en la declaración de renta 2025; la eliminación de una vía digital para corregir observaciones o modificar declaraciones; el término de giro; los cambios de criterio del SII en el procedimiento RAF; entre otros. Todo el detalle de estos informes y los acuerdos alcanzados con las instituciones correspondientes se encuentran en la página web www.dedecon.cl
En conjunto, estos informes muestran que una institución con perspectiva de contribuyente puede visibilizar vulneraciones de derechos e instar a la implementación de soluciones que incorporen la experiencia del emprendedor real, no del contribuyente ideal, informado y con asesoría; sino del contribuyente pequeño, del trabajador independiente, del comerciante, de quien vende digitalmente o de quien estuvo informal y quiere regularizarse.
Los informes muestran, por ejemplo, cómo la exigencia de un domicilio físico puede chocar con modelos de negocio digitales. Si una persona vende por internet, presta servicios remotos o produce contenido digital, ¿qué significa “domicilio donde se realiza la actividad principal”? En la práctica, se produce tensión entre automatización del sistema, códigos de actividad, acreditación del domicilio y la proliferación de domicilios virtuales. Si esa tensión no se aborda con criterios modernos, el resultado es predecible: se dificulta el desarrollo de actividades lícitas y se encarece la formalización.
Ese enfoque no debilita a la administración tributaria; al contrario: la fortalece. Porque un sistema tributario gana legitimidad no solo cuando fiscaliza bien, sino cuando es real, comprensible, proporcional y accesible, generando confianza.
Los informes sistémicos de la Defensoría del Contribuyente constituyen una herramienta estratégica de mejora institucional: sistematizan evidencia sobre prácticas reiteradas, visibilizan vulneraciones de derechos, incorporan la perspectiva ciudadana y promueven ajustes coordinados en la gestión administrativa. Su objetivo es potenciar la buena administración, el resguardo y protección de los derechos de los contribuyentes, elevando los estándares de certeza, proporcionalidad y oportunidad, y con ello fortaleciendo la legitimidad del sistema tributario.
