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AFUNPRO denuncia ante Contraloría millonaria deuda en viáticos y acusa que funcionarios financian labores con recursos propios

Los equipos intervinieron el sector adyacente a la planta y al emisario, sumándose a una jornada territorial que permitió retirar más de una tonelada de residuos en la bahía de Quintero y Puchuncaví.

El gremio acusa incumplimientos reiterados en el pago de viáticos y cometidos en Maule, O’Higgins y Magallanes, situación que ha obligado a funcionarios a financiar con recursos propios gastos laborales.

La Asociación de Funcionarios y Funcionarias de la Corporación de Asistencia Judicial RM, (AFUNPRO) presentó una denuncia ante la Contraloría General de la República, acusando un grave y sostenido incumplimiento de obligaciones contractuales por parte del empleador, que mantiene impagos cometidos y viáticos en distintas regiones del país, específicamente  en el Programa Mi Abogado, el cual entrega apoyo socio jurídica a niñas, niños, adolescentes y  adultos mayores vulnerables.

Según informó la presidenta de la organización, Mónica González, la situación afecta a funcionarios y funcionarias desde octubre de 2025 en la región del Maule, y desde enero de 2026 en las regiones de O’Higgins y Magallanes, generando un impacto directo en sus condiciones laborales.

“La falta de pago ha obligado a trabajadores y trabajadoras a costear de su propio bolsillo gastos asociados al cumplimiento de sus funciones, lo que resulta inaceptable ya que vulnera derechos laborales básicos” acusó la dirigente.

Desde la directiva, acusaron además que esta negligencia administrativa está trasladando costos que corresponden al empleador hacia los propios funcionarios, afectando su economía y precarizando el ejercicio de sus labores.

La organización gremial subrayó que este escenario no solo constituye un incumplimiento contractual, sino que también pone en riesgo el correcto funcionamiento del programa y la calidad del servicio entregado a usuarios y usuarias.

En ese contexto, AFUNPRO solicitó la intervención de la Contraloría para que se determinen responsabilidades y se adopten medidas que permitan regularizar a la brevedad los pagos adeudados.

Finalmente, el gremio advirtió que continuará impulsando acciones administrativas y legales para resguardar los derechos de sus asociados y asegurar que el empleador cumpla con sus obligaciones.

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