El parlamentario explicó que el objetivo de esta iniciativa no es «castigar» sino que «busca evitar tragedias».
En el marco de las graves situaciones de violencia que se han producido en establecimientos educacionales en nuestro país, el diputado y ex alcalde de Huechuraba, Carlos Cuadrado Prats, respaldado por diputados de la Bancada PPD-Independientes, ingresará en los próximos días un proyecto de ley que busca abrir el debate respecto a la necesidad de que los padres y madres se responsabilicen no sólo civilmente, sino que también penalmente, por el daño que pueda causar el porte y utilización de armas de sus hijos menores de edad. Lo anterior, debido a que hasta el momento las propuestas de seguridad en los colegios son reactivas y no preventivas.
«Un país no se construye sólo con leyes, se construye con conciencia, y la conciencia emerge desde lo esencial que es cuidar a nuestros niños. Cuando un menor accede a un arma y un adulto lo sabe y calla, no es solo una omisión, es una falta grave», afirmó el diputado Cuadrado Prats.
El parlamentario añadió que «este proyecto no busca castigar, busca evitar tragedias, y nace desde una convicción profunda que es prevenir lo irreparable. En Chile muchas veces, por desidia, llegamos tarde, cuando el dolor ya está instalado en las familias y, lamentablemente, también en nuestras escuelas».
Carlos Cuadrado Prats sostuvo que «proteger a nuestros niños y resguardar su vida no admite excusas. Es un deber moral de nuestra sociedad y es una obligación ineludible del Estado».
Por su parte, el diputado miembro de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Jaime Araya , manifestó que «se trata de poner en el centro del debate las medidas de prevención, y cuando hay menores de edad involucrados, los adultos son un factor a considerar. Esto va a abrir un debate que se ha eludido por mucho tiempo, sobre la responsabilidad de los adultos, pero aquí se necesitan medidas importantes, para quebrar la trayectoria de la violencia. El gobierno tiene que ponerle urgencia. Se acabó el tiempo de los discursos inútiles»
El proyecto, que modifica la ley 17.798 sobre Control de Armas,
el Código Penal y el Código Procesal, estable que “el padre, madre, adoptante, tutor y/o cuidador de un menor de edad que, con conocimiento efectivo de que dicho menor ha accedido o mantiene a su alcance un arma letal , omitiere injustificadamente adoptar medidas inmediatas y razonables para impedir su tenencia, porte, traslado o utilización, en circunstancias que permitan prever razonablemente su empleo para amenazar, agredir o lesionar a terceros, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo a medio».
Asimismo, se establece que «si cualquiera de las conductas previstas en este artículo se ejecutare con ocasión del ingreso, permanencia o salida de un establecimiento educacional, o de actividades pedagógicas, deportivas, culturales o extracurriculares vinculadas a éste, la pena aplicable se aumentará en un grado».
Además, se puntualiza que «quedará exento de responsabilidad quien, antes del inicio de ejecución del delito que buscaba evitar, hubiere denunciado oportunamente los hechos a la autoridad competente».
