Ante la seguidilla de denuncias de amenazas que afectan a comunidades educativas de la región, el Fiscal Regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, manifestó que, frente a cualquier hecho de este tipo, el Ministerio Público está obligado a activarse e iniciar las investigaciones correspondientes con el fin de determinar la veracidad del hecho y sus responsables.
El persecutor recordó que a la fecha existen personas formalizadas, como es el caso de dos alumnos de la Universidad de Antofagasta, y se trabaja junto a unidades especializadas de ambas policías en la pesquisa de varias otras denuncias.
Castro Bekios recalcó además que las amenazas están tipificadas como delito en el Código Penal, por lo que su realización, por cualquier medio, puede dar lugar a sanciones que alcanzan los 541 días de presidio, o más, dependiendo de las características del caso.
Asimismo, hizo un llamado a la comunidad a ser extraordinariamente cautelosos y responsables con el tratamiento de este tema, para no generar fenómenos de amplificación o reproducción en los ambientes educativos.
