Tras más de una década de promesas incumplidas, la diputada Gazmuri lleva a tribunales el caso Marta Brunet, denunciando fraude y abandono institucional en Bajos de Mena.
La diputada Ana María Gazmuri anunció la presentación de estas acciones en el Centro de Justicia, acompañando a los vecinos de la población Marta Brunet, en Bajos de Mena, comuna de Puente Alto. «Hoy estamos aquí en el Centro de Justicia para cumplir una promesa», señaló la parlamentaria, recordando que hace más de seis meses se reunió con dirigentes vecinales y conoció la difícil situación que atraviesan las familias, víctimas de engaños, cobros indebidos y amenazas, mientras esperan desde hace más de diez años la vivienda justa que les prometieron en el marco del proyecto de regeneración urbana iniciado en 2016.
El amparo se dirige contra organismos estatales y municipales —Ministerio de Seguridad Pública, Ministerio Público, Carabineros de Chile y la Municipalidad de Puente Alto— por vulneraciones que han perpetuado la crisis habitacional en la zona, exigiendo presencia policial efectiva y el restablecimiento del orden en la villa Marta Brunet. La querella apunta a quienes resulten responsables de delitos de estafa y otras irregularidades que han afectado directamente a las familias, incluyendo la eventual participación de dirigentes vecinales y funcionarios públicos en engaños y abusos que despojaron a los vecinos de sus viviendas.
Uno de los vecinos afectados relató: «Fuimos a Contraloría, hablamos con todas las autoridades pertinentes, pero nadie quiso ayudarnos. Finalmente encontramos a alguien que sí nos escuchó: la diputada Ana María Gazmuri. Gracias a ella estamos hoy en esta instancia y esperamos que las autoridades, especialmente el ministro de Vivienda, se hagan cargo del problema que está creando en Bajos de Mena. Porque él dice que hay 600 viviendas canceladas, pero nosotros estamos acá para decirle que eso no es así».
La diputada enfatizó que la respuesta del SERVIU Metropolitano a la Contraloría confirmó lo que los vecinos denunciaban desde el inicio: demoras, irregularidades y un proyecto que no se ejecutó como estaba comprometido. «Esto no se trata de política, esto es justicia. Cuando las familias golpean puertas y no reciben respuestas, nosotros tomamos esta misión en nuestras manos. Actuar importa, no basta con promesas», afirmó.
El caso Marta Brunet no es aislado: refleja años de promesas incumplidas y abandono institucional en Bajos de Mena. La diputada exige que las autoridades, especialmente el Ministerio de Vivienda y el Serviu Metropolitano, asuman su responsabilidad y entreguen soluciones concretas. Hoy, la defensa se traslada a los tribunales para exigir justicia y dignidad para las familias de Marta Brunet, sentando un precedente en la protección de comunidades vulneradas por proyectos mal ejecutados.
