La Bancada de Diputados de Renovación Nacional destacó la aprobación del proyecto de ley “Plan Escuelas Protegidas”, iniciativa que fortalece las herramientas para enfrentar la violencia al interior de los establecimientos educacionales y resguardar el derecho a aprender en un ambiente seguro.
Desde la bancada subrayaron que el proyecto responde a una realidad preocupante que afecta a comunidades educativas en todo el país, incorporando medidas concretas para prevenir hechos de violencia, fortalecer la convivencia escolar y resguardar la autoridad docente.
Entre los principales avances, se contempla la posibilidad de revisar mochilas y efectos personales con resguardos claros a los derechos de los estudiantes; mayores facultades para la actuación policial en casos fundados; el fortalecimiento del rol de los profesores para adoptar medidas inmediatas en el aula; la prohibición de elementos que promuevan la violencia o impidan la identificación; y sanciones que pueden afectar el acceso a beneficios en educación superior en casos de delitos graves.
Asimismo, se valoró el trabajo legislativo desarrollado en la Comisión de Educación, destacando la participación del diputado Luis Pardo, cuyas indicaciones permitieron perfeccionar el proyecto y mejorar su aplicabilidad.
El jefe de bancada de RN, Diego Schalper, enfatizó la importancia del respaldo transversal a la iniciativa:“Lo central hoy es dar una señal clara y precisa en contra de la violencia en los establecimientos educacionales. Chile necesita que defendamos el derecho a educarse en paz y la convivencia respetuosa en las salas de clases”.
Schalper agregó que “cuando se interrumpe el funcionamiento de un establecimiento educacional mediante la violencia, se vulnera no solo el derecho a la educación de los estudiantes, sino también el derecho al trabajo de docentes y asistentes de la educación”.
Por su parte, el diputado e integrante de la comisión de Educación, Luis Pardo explicó que: “actualmente los establecimientos educacionales no tienen herramientas para prevenir y detectar el ingreso de armas blancas, armas de fuego, bombas molotov al interior de sus escuelas. Tampoco pueden prohibir el uso de capucha o pasamontañas y otros elementos similares que impiden la identificación de los violentistas, ni pueden reaccionar en forma efectiva a la interrupción de clases. Hoy se priorizan los derechos de los violentistas por sobre los de la inmensa mayoría que quiere estudiar en paz. En eso radica la urgencia de este proyecto, en la necesidad de entregar herramientas para hacer frente a los lamentables episodios de violencia que amenazan a muchísimos establecimientos, violencia que ya costó la vida de un asistente de la educación en Calama, y que angustia cotidianamente a las familias y comunidades educativas de nuestro país”.
Y en esa línea agregó que “este proyecto, que algunos tildan de represivo y punitivo y policial, no se contradice en absoluto ni es incompatible con la labor educativa y formativa permanente ni con el empleo de las múltiples herramientas e instancias para fortalecer la convivencia escolar.Muy por el contrario, que la violencia tenga consecuencias efectivas y que existan medidas disciplinarias asociadas a determinadas conductas también es parte del proceso formativo, como lo son también las reglas más elementales de sana convivencia, empezando por el respeto a los demás”.
“Esta ley avanza en la línea de restablecer el respeto y la autoridad de los directores y profesores, respetando la autonomía de los establecimientos que podrán decidir si adoptan o no las medidas propuestas, y, en caso de hacerlo, normar según su propia realidad la forma en que las harán efectivas al interior de cada una de sus comunidades educativas”, recalcó más tarde:
Finalmente, desde Renovación Nacional recalcaron que, si bien siempre existen espacios de mejora en el segundo trámite constitucional, la aprobación de este proyecto constituye un avance significativo para recuperar el orden, la seguridad y el respeto en las comunidades educativas.
