30 Estados han firmado la declaración de la Coalición por la Igualdad de Derechos (CID) que insta a derogar leyes que criminalizan, a brindar apoyo a las personas LGBTIQ+ y cooperar con las organizaciones de la sociedad civil. Es la primera señal pro-derechos LGBTIQ+ del gobierno de Kast.
La Coalición por la Igualdad de Derechos (CID, por sus siglas en inglés), un organismo intergubernamental fundado en 2016 e integrado por 44 Estados, se pronunció hoy contra la penalización entre personas del mismo sexo que aún existe en diversos países, contando con el respaldo de Chile, lo cual fue valorado hoy el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh)
“Tras señales negativas para los derechos LGBTIQ+ dadas por la Cancillería chilena en el extranjero, esta se convierte en el primer abordaje positivo del Gobierno de José Antonio Kast, en torno a las diversidades sexuales. Animamos a que este espíritu de profundice y continúe por ese senda y se lleve a la praxis al interior del país”, sostuvo el fundador del Movilh, Rolando Jiménez.
El texto, firmado hasta la fecha por 30 de los 44 países de la CID, los Estados expresaron “su profunda preocupación frente al creciente patrón de criminalización de las relaciones entre personas del mismo sexo. Desde 2023, algunos países han promulgado o aprobado leyes que penalizan la homosexualidad, mientras que en otros Estados cursan proyectos legislativos orientados a su criminalización”.
Añadieron que “el endurecimiento de sanciones penales basadas en la orientación sexual o la identidad de género contraviene obligaciones internacionales en materia de derechos humanos libremente asumidas por los Estados”
Para los países firmantes, “la criminalización vulnera el principio de igualdad y no discriminación consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, además de perseguir la financiación, apoyo y promoción de las personas LGBTIQ+, agravar los riesgos de persecución, violencia y exclusión social contra las personas LGBTIQ+ y, en último término, promover el miedo, alimentar la polarización y estigmatizar las diferencias, suponiendo un peligro para los derechos, libertades y bienestar de todas las personas”.
“Estas disposiciones no solo pueden constituir una violación directa de los derechos humanos, sino que además, restringen el acceso a servicios esenciales como la salud y la justicia, y perpetúan ciclos estructurales de violencia y discriminación”, señalaron-
“Asimismo, preocupa profundamente que este tipo de disposiciones contribuya a generar y legitimar entornos de violencia. La criminalización no solo expone a las personas LGBTIQ+ a situaciones de abuso y vulnerabilidad, sino que también puede incentivar actos de violencia, hostigamiento y discriminación por parte de terceros, al reforzar percepciones de legitimidad frente a dichas conductas. Este contexto debilita la cohesión social, erosiona el Estado de derecho y dificulta el acceso a mecanismos de protección y justicia”, dijeron.
A par, exhortaron” a todos los Estados a reconsiderar la aprobación de proyectos de ley que establezcan o aumenten las penas de prisión aplicables a las relaciones sexuales consensuales entre personas del mismo sexo, y que avancen hacia la descriminalización, la protección efectiva y la garantía plena de los derechos humanos de las personas LGBTIQ+. La adopción de medidas que criminalizan la diversidad sexual debilita el Estado de derecho y erosiona el respeto por la dignidad inherente a todas las personas. La universalidad e indivisibilidad de los derechos humanos exige que estos estándares se respeten sin excepción, en todas las regiones del mundo”.
“Asimismo, instamos a la comunidad internacional a promover la derogación de estas iniciativas legislativas, a brindar apoyo y protección a las personas LGBTIQ+ en riesgo y a fortalecer la cooperación con las organizaciones de la sociedad civil que defienden los derechos humanos”, finalizaron.
El manifiesto contra la criminalización de la orientación sexual y la identidad de género ha sido firmado al día de hoy por Alemania, Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Dinamarca, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Irlanda, Israel, Italia, Lituania, Luxemburgo, Macedonia del Norte, Malta, México, Montenegro, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, República Checa, Suecia y Suiza.
