La discusión sobre el proyecto de ley de seguridad educativa, específicamente su Artículo 6, que quita el acceso a la gratuidad por cinco años a quienes hayan cometido ciertos delitos, exige una reflexión sobre la verdadera reinserción.
Escribo esto como alguien que pudo estudiar mientras cumplía una condena y al salir en libertad en la Universidad de Playa Ancha, Valparaíso. Esa oportunidad me hizo entender que por primera vez en mi vida estaba tomando una buena decisión: estudiar en la universidad para cambiar mi vida. Fue la herramienta que me permitió ser hoy un profesional integrado, ser un ejemplo positivo para mis hijos y no ser parte de las cifras de reincidencia.
En Chile, el 40 a 50% de quienes salen de la cárcel vuelven a delinquir en poco tiempo. La educación es el camino más efectivo para romper ese ciclo durante la experiencia carcelaria y al salir en libertad. Al poner barreras para entrar a la universidad, estamos debilitando el mecanismo que más ayuda a la seguridad pública a largo plazo.
Aunque la preocupación por la seguridad en los liceos es válida, castigar el acceso al saber es un error. En mi experiencia, lo que realmente cambió mi vida no fue una condena más dura o de mayor duración, sino que fue el poder estudiar estando privado de libertad y poder titularme con excelencia académica cuando salí en libertad. Según datos de Juntos por la Reinserción, quienes pasan por la cárcel ya enfrentan grandes brechas educativas. Negarles la gratuidad por cinco años es, en la práctica, una nueva condena, significa cerrarles la única puerta para reconstruir sus vidas de forma legal.
La seguridad no se logra solo con prohibiciones, sino ofreciendo alternativas de vida. Legislar excluyendo de la educación solo ayuda a que el círculo de la delincuencia nunca se cierre.
