Por estos días, Chile observa con conmoción una seguidilla de hechos de violencia en espacios educativos. No se trata de situaciones aisladas, por graves que sean, sino de la expresión visible, y profundamente preocupante, de un fenómeno más amplio: la violencia social en sus múltiples formas.
Quienes trabajamos en educación sabemos que, frente a estos escenarios, la primera reacción es necesariamente la gestión de la emergencia. Contener, resguardar, activar protocolos, coordinar equipos, acompañar a las comunidades afectadas. Son acciones indispensables. No hacerlo sería una omisión grave.
Pero también sabemos que esa respuesta, por sí sola, no alcanza.
La discusión pública ha tendido a centrarse en esas medidas inmediatas: mayor control, sanciones, dispositivos de seguridad. Son necesarias, pero insuficientes. Operan sobre la urgencia, no sobre las causas. Contienen, pero difícilmente transforman.
El problema de fondo no se limita a los establecimientos educacionales. Se relaciona con la progresiva normalización de distintas formas de violencia en la vida social.
No existe una sola violencia. Existen múltiples manifestaciones, simbólica, cultural, estructural, interpersonal, que no actúan de manera aislada, sino que se refuerzan entre sí. Lo que ocurre en una sala de clases o en un campus universitario no es ajeno a lo que ocurre fuera de ellos. Más bien, lo refleja.
Hoy convivimos en un entorno de alta exposición a información, muchas veces no verificada, con escasas herramientas para discriminarla críticamente. A ello se suma un escenario en que referentes sociales, políticos y mediáticos, lejos de contribuir a la regulación del diálogo, con frecuencia reproducen prácticas de descalificación, polarización y confrontación.
En este contexto, se vuelve difusa una distinción esencial: la diferencia entre cuestionar una idea y descalificar a una persona. Cuando disentir se vive como una amenaza, el espacio para el diálogo se reduce. La diferencia deja de ser parte de la convivencia y pasa a entenderse como un conflicto personal.
Esto no es un fenómeno menor. Desde la psicología social sabemos que cuando se debilitan los espacios de reconocimiento y pertenencia, aumentan las respuestas reactivas, defensivas e incluso agresivas. No necesariamente porque las personas busquen dañar, sino porque disminuye su capacidad de tramitar la diferencia de manera constructiva.
A ello se suma una dimensión institucional que no podemos obviar. Cuando las instituciones pierden legitimidad, ya sea por errores, inconsistencias o faltas de probidad de algunos de sus miembros, se erosiona el marco de confianza que regula la convivencia. Y cuando ese marco se debilita, emergen formas de relación más directas, menos mediadas, donde la agresividad encuentra menos contención.
En ese escenario, la gestión de la emergencia se vuelve cada vez más frecuente, más demandante y compleja. Equipos educativos que no solo enseñan, sino que contienen crisis; comunidades que se ven expuestas a situaciones para las cuales no siempre han sido formadas; instituciones que reaccionan, muchas veces, más de lo que alcanzan a anticipar.
La pregunta es incómoda, pero inevitable: ¿por qué como sociedad nos está costando tanto el buen trato?
Hoy, conductas básicas como escuchar, respetar o colaborar comienzan a percibirse como excepcionales, incluso como gestos poco habituales. En cambio, las microviolencias, ironías, descalificaciones, agresiones sutiles se integran con naturalidad en la vida cotidiana. No solo se toleran, sino que en ocasiones se validan, especialmente cuando refuerzan posiciones propias.
Y esto tiene consecuencias. Las microviolencias no son inocuas. Funcionan como un lenguaje cotidiano que modela las formas de relación, especialmente en etapas formativas. Lo que se repite, se normaliza. Y lo que se normaliza, se legitima.
Por ello, abordar la violencia en los espacios educativos exige ampliar el foco. No basta con intervenir cuando los hechos ocurren. Se requiere una respuesta país, sostenida e intersectorial, que no solo reaccione, sino que construya.
Esto implica fortalecer la educación socioemocional desde los primeros niveles, desarrollar pensamiento crítico frente a la información, promover habilidades de diálogo y resolución de conflictos, y revalorizar el buen trato como un estándar cultural.
Pero también implica algo más desafiante, y probablemente más incómodo: revisar nuestras propias prácticas cotidianas. Porque la convivencia no se construye únicamente desde las políticas públicas o las instituciones, sino desde las interacciones diarias. Desde cómo hablamos, cómo discrepamos, cómo tratamos al otro, incluso cuando no estamos de acuerdo.
La pregunta no es solo qué está ocurriendo en los establecimientos educacionales. Es qué nos está ocurriendo como sociedad.
Y, sobre todo, si estamos dispuestos a que el buen trato deje de ser una excepción, para volver a ser la base desde la cual convivimos.
