Todos los cargos presentados contra el expresidente filipino Rodrigo Duterte, acusado de cometer crímenes de lesa humanidad durante la llamada ‘guerra contra las drogas’ fueron confirmados por el tribunal Penal Internacional (TPI), por lo que ordenó enjuiciarlo.
La Sala de Cuestiones Preliminares I confirmó por unanimidad los tres cargos sobre presuntos crímenes de lesa humanidad después de las audiencias judiciales previas al juicio que se han venido realizando durante los últimos meses, tal y como ha señalado la corte en un comunicado.
Así, sostuvo que hay indicios «significativos» para considerar que Duterte es «responsable de estos crímenes y de los delitos de asesinato y de intento de asesinato» en base al artículo 7 del Estatuto de Roma -el tratado fundacional del TPI-. «Estos delitos fueron cometidos como parte de un ataque sistemático a la población civil en el territorio filipino entre noviembre de 2011 y 2019», puntualizó el TPI en relación a parte de su mandato como presidente del país.
La sala llegó a esta conclusión tras revisar las pruebas y los argumentos presentados por la Fiscalía y después de rechazar los intentos de la defensa de presentar nuevos informes sobre el estado de salud del exmandatario, de 81 años. También han atendido a los documentos presentados por las partes interesadas, entre las que se encuentran grupos de víctimas y familiares.
El tribunal indicó que el caso queda ahora pendiente de juicio y recordó que la corte actúa de forma «imparcial y justa» y que la defensa «tendrá el tiempo suficiente para prepararse», siempre «respetando los derechos de las víctimas».
Para los miembros que componen la Sala de Cuestiones Preliminares todo apunta a que Duterte es «responsable individualmente de crímenes recogidos en el artículo 25 del estatuto, los cuales habría cometido como cómplice, de forma indirecta». «Entre el 1 de noviembre de 2011 y marzo de 2019, Duterte y sus cómplices compartieron un plan para neutralizar criminales en Filipinas, incluidos aquellos supuestamente relacionados con el consumo, venta o producción de drogas», afirmaron.
En este sentido, los coautores de este plan pusieron sobre la mesa la posibilidad de «neutralizar» a estas personas también mediante «crímenes violentos que incluyen el asesinato», unas medidas que se habrían llevado a cabo de forma sistemática.
Durante su mandato como alcalde de Davao, Duterte y otros altos cargos «encargados de hacer cumplir la legislación, hicieron uso de policías de la ciudad y sicarios para asesinar a presuntos delincuentes», recoge el documento, que señala que «mediante su autoridad de iure o de facto, uno o más coautores de estos crímenes controlaban la estructura de poder». Con esto, hace referencia principalmente a la Policía local y a otros cuerpos de las fuerzas de seguridad.
Duterte habría encabezado este tipo de acciones y estructuras, que se extendieron cuando pasó a ocupar la Presidencia, sostiene el texto. «Durante el periodo presidencial, Duterte y sus cómplices utilizaron la red nacional, incluyendo a sus miembros de bajo nivel, como herramientas para cometer los crímenes contemplados en ese plan común», alertó el Tribunal, destacando que “en sus nuevas funciones, que ampliaron su alcance geográfico, los cómplices controlaron la voluntad de los perpetradores mediante un mecanismo que garantizaba su obediencia automática a sus órdenes».
