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Alcaldes del sur de Chile valoran urgencia del Gobierno a proyecto contra rayados vandálicos

Los alcaldes Rodrigo Wainraihgt, José Miguel Muñoz, Marco Silva y Pablo Urrutia respaldaron la urgencia que el Gobierno dio al proyecto de ley contra los rayados. Esta iniciativa, impulsada también por el diputado Mauro González bajo la premisa de que “el que raya paga”, busca endurecer las sanciones para frenar el deterioro urbano y la inseguridad que genera el vandalismo en las ciudades.

El alcalde de Mulchén, José Miguel Muñoz, señaló que “esta medida es una señal concreta de que las demandas de las comunas están siendo escuchadas. Los rayados no solo dañan la estética urbana, sino que afectan directamente la calidad de vida de nuestros vecinos y generan una percepción de abandono que no podemos normalizar”.

Por su parte, el alcalde de Quilaco, Pablo Urrutia, destacó la importancia de recuperar el entorno local. “Dar celeridad a este proyecto es un paso fundamental para devolver la tranquilidad a nuestras comunidades. Las comunas pequeñas también necesitamos herramientas jurídicas reales y efectivas para proteger nuestros espacios comunes”, afirmó.

A estas declaraciones se sumó el alcalde de Calbuco, Marco Silva, quien valoró el fortalecimiento de la normativa. “Durante el año 2025 tuvimos dos personas procesadas por este tipo de faltas, por lo que avanzar en sanciones más estrictas es una señal clara de un gobierno que pone en primer lugar la seguridad de la población. Además, hoy destinamos recursos a pintar edificios públicos y embellecer la ciudad, y estos actos vandálicos solo generan el rechazo de toda la comunidad”, sostuvo.

Finalmente, el alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainraihgt, resaltó que este avance legislativo complementa la gestión que ya se realiza en su comuna bajo la política de “tolerancia cero”. El jefe comunal enfatizó que en la capital regional de Los Lagos rige la consigna “el que raya paga”, que ya ha dejado a 11 imputados.

“Es fundamental contar con mayores atribuciones legales a nivel nacional. En Puerto Montt ya estamos demostrando que con voluntad y gestión es posible perseguir a quienes dañan la ciudad, pero un marco legal más robusto permitirá que estas sanciones sean la regla y no la excepción”, concluyó.

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