Cada día miles de mujeres emprendedoras, personas mayores, con discapacidad, que han estado privadas de libertad, jóvenes y otros grupos históricamente excluidos del mercado laboral, pueden acceder a nuevas oportunidades a través del trabajo que realizan las organizaciones de la sociedad civil comprometidas con la formación laboral, muchas a través de la franquicia SENCE.
La capacitación que reciben no es solo una herramienta de empleabilidad; es una vía concreta de movilidad social y un aporte al desarrollo económico del país.
La experiencia nacional e internacional es clara: los sistemas de formación para el trabajo requieren una combinación de inversión pública, participación del sector productivo, estándares de calidad y una supervisión efectiva del Estado.
La propuesta de eliminar la franquicia SENCE abre una discusión necesaria. Esta política pública requiere mejoras. Sin embargo, avanzar en la eliminación de este instrumento sin una alternativa clara genera incertidumbre sobre cómo se sostendrán los procesos formativos y cómo se asegurará oportunidades para quienes enfrentan mayores barreras de acceso al empleo.
Es por esto que el debate debería centrarse en cómo construir un sistema que funcione mejor: con foco en resultados, mejores estándares y recursos bien utilizados, y que involucre al Estado, empresas y sociedad civil.
Pero, sobre todo, que no pierda de vista a quienes dependen de estas oportunidades para integrarse al mundo del trabajo.
