La diputada Marlene Pérez (IND-UDI) y el diputado Fabián Ossandón (PDG) destacaron que el nuevo reglamento prioriza el empleo y evita alzas de tarifas, pero exigieron una revisión exhaustiva para garantizar la seguridad de los usuarios y una competencia justa con el gremio de los taxis.
Tras el ingreso del nuevo reglamento de la Ley de Empresas de Aplicaciones de Transportes (EAT) -más conocida como Ley Uber- a la Contraloría General de la República, los diputados integrantes de la Comisión de Transportes, Marlene Pérez (IND-UDI) y Fabián Ossandón (PDG), calificaron como una «señal de realismo» los ajustes del Ejecutivo que buscan evitar efectos negativos en el mercado laboral y el costo del servicio para los pasajeros. Los legisladores enfatizaron que, si bien es positivo reducir barreras de entrada y flexibilizar la operación para proteger el sustento de miles de familias, esto no debe significar un retroceso en los estándares de seguridad ni en la fiscalización.
La diputada Marlene Pérez valoró la apertura del Gobierno a las críticas planteadas desde el Congreso y que “haya escuchado las advertencias que hicimos desde el Congreso. El ajuste al reglamento de la Ley Uber es una señal de realismo, donde se busca priorizar el empleo y evitar un alza desmedida en las tarifas. Sin embargo, es clave que esta regulación avance hacia un equilibrio justo con el mundo de los taxis, que cumplen con patentes, permisos y exigencias que no pueden ser ignoradas”.
En el mismo sentido, la congresista agregó que “aquí no se trata de enfrentar sectores, sino de emparejar la cancha con reglas claras y justas para todos. Esperamos que la Contraloría vise este reglamento a la brevedad, ya que estos cambios reducen barreras de entrada innecesarias y flexibilizan la operación. Esta es una buena noticia para conductores y usuarios, y un paso en la dirección correcta”.
Por su parte, el parlamentario Fabián Ossandón insistió en que la revisión de la Contraloría debe ser profunda para resguardar la integridad del sistema, ya que “este ajuste al reglamento es un paso necesario para no dejar a miles de familias sin sustento, pero la flexibilidad no puede ser sinónimo de inseguridad. Es por eso que el ente contralor debe ser exhaustiva para asegurar que, al bajar las barreras de entrada, no estemos descuidando la calidad de los vehículos ni la protección de los usuarios. Queremos que la gente trabaje tranquila, con competencia justa y garantías de seguridad. El apoyo a quienes trabajan debe ir de la mano con estándares claros de seguridad para conductores y pasajeros, y una fiscalización que sea efectiva y no simbólica”.
La normativa queda ahora a la espera de la toma de razón por parte del ente contralor para su posterior entrada en vigencia.
