Los establecimientos educacionales que en 2024 y 2025 presentaron una mayor cantidad de sanciones y denuncias en el contexto del programa «Convivencia y Salud Mental”, relacionado con el fenómeno de violencia escolar, no fueron fiscalizados por la Superintendencia de Educación.
Así lo dio a conocer la Contraloría General de la República en su informe N°660 de 2025 que verificó las acciones efectuadas por la Superintendencia de Educación y la Subsecretaría de Educación para garantizar el cumplimiento de las normas que imponen deberes relacionados con la buena convivencia escolar en los establecimientos educacionales.
Así, por ejemplo, la CGR señala entre 2020 y el 13 de octubre 2025 se recibieron 35.410 denuncias por violencia escolar a nivel nacional, las que fueron abordadas por ese organismo a través de distintos medios, pero que sólo 1.727 fueron materia de fiscalización propiamente tal. En este contexto, se constató que este tipo de denuncias no ha disminuido en los últimos años y, por el contrario, su aumento promueve que el fenómeno de la violencia en los establecimientos siga siendo en nuestro país de las principales problemáticas que enfrenta la educación escolar pública.
Reubicación de estudiantes
Durante la auditoría también se revisó la reubicación de los estudiantes de colegios emblemáticos que fueron sancionados, ya sea con la cancelación de la matrícula o expulsión, constatándose que 38 alumnos fueron reubicados o cuentan con matrícula actual, en algún otro colegio emblemático o en el mismo establecimiento educacional, sin que hayan sido reubicados como lo establece la legislación vigente.
La auditoría analizó la situación del Instituto Nacional José Miguel Carrera, Liceo José Victorino Lastarria, Internado Nacional Barros Arana (INBA), Liceo de Aplicación, Liceo Manuel Barros Borgoño, Liceo 7 de Providencia y el Liceo Carmela Carvajal, ubicados en las comunas de Santiago y Providencia, los cuales concentraron la mayor cantidad de denuncias y sanciones en el período auditado.
Así, por ejemplo, señala que se constató que el 21% de los alumnos sancionados se reincorporó al mismo establecimiento que los expulsó o canceló la matrícula, «donde los directores no hicieron uso de la facultad de oponerse». Asimismo, el 79% restante «se incorporaron a otro de los establecimientos emblemáticos situados entre aquellos con más problemas de violencia».
Por ello, la Contraloría ordenó a la Superintendencia de Educación y la Subsecretaría de Educación adoptar coordinadamente las medidas pertinentes según corresponda. Lo mismo para que regulen el procedimiento y las facultades de los intervinientes en aquel, para la reubicación en nuevos establecimientos educacionales de aquellos estudiantes que hayan sido sancionados con la medida de expulsión o cancelación de matrícula, considerando en particular aquellas aplicadas con motivo de hechos vinculados con violencia.
