Las circulares N°781, 782 y 202, publicadas entre diciembre de 2025 y marzo de 2026, quedan sin efecto, lo que permite adecuar la normativa a la nueva Ley de Convivencia, Buen Trato y Bienestar de las Comunidades Educativas.
Esta determinación apunta principalmente a simplificar obligaciones, potenciar el liderazgo pedagógico y entregar un marco claro y coherente para las comunidades escolares.
Como parte de un proceso para atender a las comunidades educativas y responder a las inquietudes que se han manifestado en el último tiempo, la Superintendencia de Educación anuncia un proceso de actualización normativa que busca simplificar las exigencias a los establecimientos y fortalecer el rol pedagógico de sus equipos docentes y administrativos.
La medida contempla la derogación de las circulares N°781, N°782 y N°202, publicadas entre diciembre de 2025 y marzo de 2026, las que entraban en vigor el 1 de julio de este año y que regulaban reglamentos internos y medidas disciplinarias en establecimientos de educación básica, media y parvularia.
Esto fue comunicado por la superintendenta (s) Pamela Adriazola, en el Liceo Bicentenario de Temuco, donde acompañó a la ministra de Educación, María Paz Arzola, como parte de su campaña de reuniones “Directores por Chile”.
La decisión responde a la pronta aplicabilidad, también desde el 1 de julio, de la nueva Ley N°21.809 sobre Convivencia, Buen Trato y Bienestar de las Comunidades Educativas, que establece un nuevo marco normativo para la vida escolar y parvularia. Con ello, se busca adecuar la regulación vigente y entregar mayor claridad a las comunidades en temas que son fundamentales para su funcionamiento interno.
Actualmente, los establecimientos educativos están sometidos a una fuerte sobrecarga administrativa, ya que responden a 2.900 obligaciones normativas, tarea que deben ejecutar al mismo que tiempo que cumplen el ejercicio de su liderazgo pedagógico. El hecho de que estas circulares fueran publicadas a fines del año pasado y al inicio de este 2026 generó también inquietud en las comunidades, quienes apuntaban a un incremento de las exigencias en un momento de alta complejidad para la gestión escolar.
La determinación de actualizar y simplificar la normativa apunta justamente a liberar a los equipos directivos de exigencias desproporcionadas, permitiéndoles concentrarse en la mejora de los aprendizajes y en el bienestar de los estudiantes.
Hasta el 30 de septiembre de 2027, apuntando a una implementación efectiva de la nueva Ley, la Superintendencia ejercerá sus funciones de fiscalización con un enfoque formativo y de acompañamiento. Esto significa que se privilegiarán observaciones y recomendaciones antes que sanciones, de acuerdo con lo establecido en el artículo séptimo transitorio de la norma.
Asimismo, se reiteró que el Dictamen N°65 de la Superintendencia quedará sin efecto, dado que desde julio la Ley N°21.809 autoriza expresamente el uso de recursos tecnológicos para la detección de elementos que puedan poner en riesgo la seguridad de los recintos educativos. La revisión de mochilas, sin embargo, quedará sujeta a las modificaciones que se definan en el proyecto de ley “Escuelas Protegidas”.
La ministra María Paz Arzola destacó que esta decisión representa un paso fundamental para atenuar la carga excesiva que hoy enfrentan docentes y equipos directivos, liberándolos de trámites y obligaciones que han limitado su capacidad de ejercer plenamente su liderazgo pedagógico. “Queremos un sistema normativo más simple, claro y coherente, que devuelva confianza a las comunidades educativas y que les permita dedicar su energía a enseñar, acompañar y formar personas. La educación requiere reglas claras, pero también flexibles y pertinentes. Esta actualización no es solo un ajuste técnico, es también una señal política: queremos que la normativa sea un apoyo, no un obstáculo”, señaló.
Por su parte, la superintendenta (s) Pamela Adriazola subrayó que la derogación de estas circulares marca un avance hacia la desburocratización del sistema escolar. “Esta decisión se toma tras escuchar a expertos, comunidades educativas y docentes de todo Chile. La Superintendencia está avanzando hacia un ejercicio que simplifique procesos y que entregue herramientas útiles a los establecimientos, en lugar de imponer cargas administrativas que terminan debilitando su gestión. Por lo mismo, asumiremos un rol activo de acompañamiento, orientando y apoyando a las comunidades en este período. No queremos que se nos vea solo como un organismo fiscalizador, sino también como un aliado que acompaña y orienta a las comunidades educativas en la implementación de la nueva ley”, afirmó.
Con este anuncio, se busca dar una señal clara de autonomía y apoyo a las comunidades educativas, reafirmando que la normativa debe ser un instrumento al servicio de la calidad y no una carga que limite el desarrollo de las escuelas.
