Parlamentarios de distintos partidos de oposición, integrantes de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputadas y Diputados, solicitaron formalmente la realización de una sesión especial para el próximo 12 de mayo, con el objetivo de exigir al Gobierno la presentación de una estrategia clara y efectiva del Ministerio de Seguridad frente al avance del crimen organizado.
En medio de crecientes cuestionamientos por la falta de una agenda clara de seguridad pública por parte del Gobierno, diputados de oposición integrantes de la Comisión de Seguridad de la Cámara solicitaron formalmente la citación a una sesión especial para el próximo 12 de mayo del presente año, o en la fecha más próxima que la Mesa estime pertinente.
La iniciativa fue suscrita de manera transversal por la diputada Tatiana Urrutia (FA) y los diputados Jaime Araya (PPD), Raúl Leiva (PS), Bernardo Salinas (PC) y Patricio Pinilla (DC).
El diputado Jaime Araya enfatizó la falta de definiciones del Ejecutivo: “Hemos pedido de todas las formas posibles que la ministra diga cuál es el plan para enfrentar la grave crisis de seguridad y no hay respuesta. Por eso hemos decidido citar esta sesión especial, para que de una vez por todas se informe qué medidas se van a tomar en el corto, mediano y largo plazo. Más aún cuando se han conocido recortes presupuestarios y anuncios preocupantes como la eventual reducción del patrullaje marítimo, en un contexto donde todos sabemos que el narcotráfico utiliza estas vías para operar”.
Por su parte, la diputada Tatiana Urrutia señaló: “Exigimos que la ministra Steinert nos presente una estrategia concreta ante la grave crisis de inseguridad que atraviesa el país. Chile requiere menos puestas en escena y mucho más trabajo colaborativo. No podemos seguir con respuestas fragmentadas que priorizan lo comunicacional por sobre una estrategia integral, ni con autoridades más preocupadas de polemizar con gestiones anteriores que de resolver los problemas de fondo. Esto se vuelve aún más urgente ante el alarmante aumento de niños, niñas y adolescentes involucrados en delitos, tanto como víctimas como imputados.”
En la misma línea, el diputado Raúl Leiva cuestionó el incumplimiento del ministerio en la entrega de información a la comisión: “Una gestión seria en seguridad requiere claridad en la estrategia, en las políticas públicas asociadas y en los proyectos de ley que fortalezcan la institucionalidad. Hasta ahora no conocemos ninguno de estos aspectos. La ministra se ha limitado, en su única asistencia, a abordar un recorte presupuestario del 3% que luego fue revertido. Por eso recurrimos a esta herramienta constitucional, para que el país conozca, de manera pública, cuáles son las medidas que se van a implementar en seguridad”.
Desde la Región de Coquimbo, el diputado Bernardo Salinas advirtió la urgencia de la situación, entregando cifras concretas: “Tenemos un 36% de aumento de los crímenes. Nos enteramos de secuestros y de una eventual disminución del patrullaje marítimo, pese a que la droga ingresa por estos sectores. No se entiende hablar de reducción de recursos para el plan nacional contra el crimen organizado. Hay inconsistencia y falta de claridad sobre cómo el Gobierno abordará un problema tan grave que afecta a las familias chilenas”.
En la misma línea, el diputado Patricio Pinilla apuntó al incumplimiento de las promesas de campaña del Presidente Kast: “El Presidente fue elegido con la promesa de combatir la delincuencia y el crimen organizado, pero a 50 días su foco ha estado en otros temas. Mientras tanto, estos delitos siguen avanzando en cantidad y gravedad. Queremos saber cómo enfrentarán el alza de homicidios, secuestros y extorsiones, cómo abordarán los problemas fronterizos en el norte, la situación en la macrozona sur y cuáles serán los plazos y mecanismos de evaluación de sus medidas”.
En concreto, los parlamentarios solicitaron que la ministra María Trinidad Steinert Herrera asista a la sesión especial y exponga ante la Cámara sobre los siguientes puntos:
● El diagnóstico actualizado del Gobierno respecto de la evolución del crimen organizado en el país.
● Las medidas concretas implementadas y en ejecución para enfrentar delitos de alta connotación social, en particular homicidios, secuestros y extorsión.
● La estrategia de coordinación entre las distintas instituciones del Estado en materia de seguridad pública.
● Las acciones específicas en materia de control fronterizo, seguridad portuaria y sistema penitenciario.
● Los mecanismos de evaluación y seguimiento de resultados de las políticas de seguridad implementadas.
Finalmente, los diputados coincidieron en que ya terminó la etapa de instalación del Gobierno y que corresponde ejercer con responsabilidad el rol fiscalizador del Congreso. Si bien manifestaron disposición al diálogo, advirtieron que la falta de propuestas concretas obliga a recurrir a esta herramienta constitucional para que la autoridad rinda cuentas ante el país.
