El diputado y miembro de la Comisión de Vivienda, Héctor Ulloa, con el respaldo de la Bancada PPD-Independientes, ofició a la Contraloría de la República para solicitar información y que se pueda pronunciar, respecto a la suspensión de construcción de 350 viviendas en la Población el Olivar, ubicada en Viña del Mar, y a la demolición de parte de ellas, por parte del Ministerio de Vivienda y Seremi de Vivienda de dicha comuna.
Lo anterior, debido a que esta decisión desató un conflicto con los equipos técnicos del Serviu regional, y lo que es más grave aún, funcionarios denunciaron en el medio de comunicación reportea.cl que fueron presionados para firmar informes que no existían al momento de dictarse la resolución, y que eran necesarios para justificarla.
De acuerdo a lo que se plantea en el oficio “cinco fuentes independientes que conocieron los hechos, y según los propios correos electrónicos enviados por los Fiscalizadores Técnicos de Obras (FTO) a su jefatura con copia a la Asociación de Funcionarios del SERVIU, esos informes no existían al momento de dictarse la resolución. La resolución citó documentos que para esa fecha no habían sido elaborados ni suscritos”.
El diputado Ulloa señaló que “de resultar cierta esta información que conocimos a través de un medio de prensa, sería un hecho gravísimo, ya que la decisión del ministro Poduje de terminar contratos y demoler casas en Viña del Mar se habría basado en informes forzados, es decir, se habría presionado a los funcionarios para que firmaran informes desfavorables”.
Dentro de las informaciones que se le solicitan a la Contraloría se encuentra adjuntar todos los actos administrativos que haya tomado razón relacionados con la construcción de las 350 viviendas en la Población el Olivar a cargo de la empresa Constructora San Sebastián Ltda.
Se informe si se ha iniciado alguna investigación con relación a la legalidad de los actos administrativos , y la veracidad de los fundamentos técnicos como legales para la declaración y decisiones del Ministerio de Vivienda.
Que se señale cuáles han sido los resultados de la investigación en caso que se haya iniciado , y en caso contrario informe si se pretende iniciar.
El parlamentario, quien además es Subjefe de la Bancada PPD-Independientes, indicó que “esperamos que la contralora Dorothy Pérez investigue si en estas decisiones existieron irregularidades o vulneraciones de derechos, y que si se considera que pueden ser hechos constitutivos de delito, se remitan los antecedentes al Ministerio Público. Es necesario llegar hasta las últimas consecuencias».
