El Ministerio de Vivienda y Urbanismo sostuvo que todas las decisiones adoptadas en el marco de la reconstrucción post incendio en Viña del Mar se han basado en antecedentes técnicos, la normativa vigente y el deber de garantizar viviendas dignas, seguras y bien construidas.
El Ministerio de Vivienda y Urbanismo rechazó categóricamente las imputaciones formuladas en la querella presentada por la entidad patrocinante Social Arquitectura, y reafirmó que todas las decisiones adoptadas en el marco de la reconstrucción post incendio en el sector El Olivar, en Viña del Mar, han sido tomadas sobre la base de antecedentes técnicos objetivos, la normativa vigente y el deber legal de resguardar los recursos públicos y, especialmente, la seguridad de las familias damnificadas.
Desde la cartera señalaron que los informes técnicos elaborados por los Fiscalizadores Técnicos de Obra (FTO) del Serviu de Valparaíso corresponden a «actos emitidos por organismos regionales técnicamente competentes». En ese sentido, descartaron cualquier falsificación y precisaron que, en caso de existir eventuales errores administrativos, estos deben ser revisados por las instancias regionales correspondientes.
Asimismo, el Minvu descartó la existencia de coacción. Las actuaciones del Ministerio y de los Serviu se enmarcan en el ejercicio de atribuciones legalmente establecidas, y el ministro de Vivienda y Urbanismo, Ivan Poduje, ha ejercido su rol de supervigilancia conforme a la normativa vigente, frente a situaciones técnicas que así lo requerían.
“El ejercicio legítimo de una potestad pública no constituye coacción. El ministro ha actuado dentro de sus atribuciones, con responsabilidad y con el objetivo de asegurar que las viviendas que se entreguen a las familias cumplan con los estándares técnicos y de seguridad que corresponden”, señaló la subsecretaria Natalia Aguilar.
Respecto de la imputación de un eventual fraude al Fisco, el Minvu sostuvo que dicha acusación carece de lógica, ya que la intervención del Ministerio ha buscado precisamente evitar que el Estado continúe financiando proyectos que presentan observaciones o fallas de diseño. Abstenerse de actuar, recalcaron, podría haber significado en el futuro un costo mucho mayor tanto para el Estado como para las propias familias beneficiarias.
El Ministerio recordó además que, con anterioridad a la querella anunciada por Social Arquitectura, el propio ministro Poduje presentó una denuncia ante el Ministerio Público contra la Constructora San Sebastián Ltda. y la EP Social Arquitectura, por eventuales delitos de fraude al Fisco, estafa, uso malicioso de certificación fraudulenta, coacción y amenazas contra familias beneficiarias, entre otras figuras penales.
Todos los antecedentes, agregó la cartera, ya fueron puestos a disposición de la Fiscalía y del Consejo de Defensa del Estado, organismo que representa al Minvu en dichas acciones.
Serán los Tribunales de Justicia los encargados de determinar las eventuales responsabilidades penales que correspondan. Las 356 viviendas agrupadas en los contratos con Social Arquitectura y Constructora San Sebastián corresponden a familias que perdieron sus hogares en el devastador incendio del 2 de febrero de 2024.
Por ello, el Ministerio enfatizó que su compromiso es avanzar en soluciones habitacionales dignas, seguras y bien construidas para quienes siguen esperando reconstruir sus vidas. “Actuamos con responsabilidad, con apego a la ley y con un único objetivo: que las familias de El Olivar reciban viviendas dignas, seguras y bien construidas. Ese compromiso está por sobre cualquier presión o interés particular”, concluyó la subsecretaria.
