En el marco del sostenido aumento de los secuestros en el país y su creciente vinculación con el crimen organizado, los diputados de Renovación Nacional, Diego Schalpeer, Mauro González, Francisco Orrego, Ximena Ossandón, Eduardo Durán y Andrés Celis, en representación de la bancada, presentó un proyecto de ley que fortalece el estatuto de persecución penal de este delito, con el objetivo de entregar herramientas más eficaces y oportunas para enfrentarlo.
La iniciativa se inserta en la agenda de seguridad que la bancada ha impulsado de manera sostenida, y responde a una realidad delictual que ha cambiado drásticamente en los últimos años. Según antecedentes contenidos en el proyecto, durante 2024 se registraron 868 casos de secuestro, la cifra más alta en una década, consolidando una tendencia al alza que evidencia la expansión de este delito y su uso por parte de organizaciones criminales.
De acuerdo con los fundamentos de la iniciativa, “el secuestro constituye una de las formas más graves de afectación de la libertad individual” y actualmente “se vincula crecientemente con dinámicas propias del crimen organizado, la extorsión, el cobro de deudas ilícitas, el control territorial, la trata de personas, el tráfico de drogas, entre otras fórmulas criminales de extrema gravedad”.
En esa línea, el proyecto propone una serie de modificaciones al Código Penal orientadas a fortalecer la respuesta del sistema penal y anticipar la acción del Estado frente a este tipo de delitos. Entre sus principales medidas, se reduce de 15 a 5 días el plazo necesario para configurar una hipótesis agravada de secuestro por prolongación de la privación de libertad, considerando que cinco días de cautiverio constituyen una afectación grave para la víctima. Para graficarlo, en el caso que afectó al empresario de San Miguel en los últimos dias, la víctima estuvo 8 dias secuestrado, pero la ley exige 15 días para una sanción mas severa, lo que estimula negociaciones y tiempos de cautiverio mas extensos.
Asimismo, la moción establece que las conductas de secuestro serán sancionadas como consumadas desde su etapa de tentativa, con el fin de anticipar la protección penal frente a hechos de alta peligrosidad. En esa línea, el texto sostiene que “el solo inicio de ejecución puede implicar vigilancia, interceptación, intimidación y despliegue de una organización criminal”, por lo que esperar la consumación del delito puede implicar una reacción tardía del sistema penal.
Cabe destacar que el texto también incorpora una agravante especial cuando la víctima sea parte del sistema de persecución penal —como jueces, fiscales, defensores o funcionarios policiales— cuando el delito se cometa en razón de sus funciones, con el objetivo de resguardar el normal funcionamiento de las instituciones.
Finalmente, se incluye la sanción a la conspiración para cometer secuestro, reconociendo que se trata de un delito que habitualmente requiere planificación previa. En ese contexto, el proyecto advierte que “el secuestro rara vez se presenta como una acción espontánea o individual”.
Desde la bancada RN señalaron que esta iniciativa forma parte de una agenda legislativa coherente para enfrentar el avance del crimen organizado, fortaleciendo el Estado de Derecho y mejorando las herramientas de persecución penal frente a delitos de alta connotación social.
