Pocas instituciones han generado tanta discusión en Chile como el Fondo de Utilidades Tributables (FUT). Durante décadas, fue un pilar del sistema contenido en el Decreto Ley N° 824, permitiendo que las utilidades no retiradas por los socios, no pagaran impuestos personales hasta su efectiva distribución.
En su origen, el FUT no fue un «beneficio» en sentido estricto, sino un mecanismo de diferimiento. Su lógica era clara: incentivar la reinversión, fortalecer el crecimiento empresarial y evitar la descapitalización de las empresas.
Sin embargo, con el tiempo, comenzó a ser percibido de manera distinta. Más que un instrumento de inversión, pasó a ser visto como un espacio de postergación indefinida de impuestos, particularmente para las grandes empresas. Esto fue decisivo en el debate que culminó con su supresión en la reforma tributaria de 2014.
En la práctica profesional, y particularmente en el trabajo con emprendedores, el FUT no siempre se vivía como un mecanismo de elusión, sino como una herramienta que facilitaba la liquidez y el flujo financiero de las empresas.
Su eliminación marcó un cambio estructural: se abandonó la lógica del diferimiento como incentivo y se avanzó hacia esquemas donde la tributación ocurre con mayor inmediatez, en línea con los estándares impulsados por la OCDE.
No obstante, a más de una década de esa decisión, el debate sigue abierto. ¿Se eliminó un mecanismo de elusión o un incentivo legítimo a la inversión? La evidencia no es concluyente.
Hoy, en un escenario de bajo crecimiento, la discusión sobre el FUT vuelve a cobrar relevancia. No necesariamente en su forma original, pero sí en lo esencial: cómo equilibrar recaudación con inversión.
Quizás el Fondo de Utilidades Tributables no era perfecto. Pero tampoco es claro que el sistema actual esté resolviendo completamente el problema de cómo nivelar recaudación, inversión y equidad.
