Para abordar los problemas de seguridad que enfrentan los municipios del país y, en particular, las amenazas de muerte que han recibido casi una veintena de alcaldes, la Comisión de Seguridad Ciudadana recibió a representantes de las autoridades municipales.
En primer término, escuchó el testimonio del alcalde de San Bernardo, Christopher White, quien ha recibido cuatro amenazas de muerte. El jefe comunal aseguró que los delincuentes van tres o cuatro pasos más adelante en relación a la respuesta de las instituciones y el Estado. “Es un fenómeno sostenido que ocurre desde 2010 y que va en crecimiento y no hemos sido capaces de atacar”, sostuvo.
El alcalde enfatizó que en su comuna existe un alto poder de fuego, con fusiles de guerra encontrados en diversos allanamientos, heridos a bala; personas que aparecen muertas en fosas en las calles; crimen organizado, narcotráfico y comercio ilegal.
Por ello, criticó la brecha que existe respecto a la dotación de Carabineros y llamó a transparentar cómo se toman las decisiones para la destinación de funcionarios. Sobre el punto, estimó que San Bernardo tiene alrededor de 208 carabineros menos en relación a la población de la comuna, considerando un funcionario por cada100 mil habitantes.
Asociación de Municipalidades
Por su parte, el presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch), José Manuel Palacios, alcalde de La Reina, consideró que hoy no existen herramientas para revertir la crisis de seguridad que enfrentan. Esto, agregó, pese a la incorporación de distintas ideas en prevención, fiscalización y control territorial.
El representante de los municipos hizo un llamado a aumentar los recursos, mejorar la normativa y solucionar el déficit policial a nivel nacional. De igual manera, llamó a legislar para agravar las sanciones a quienes agredan o realicen amenazas en contra de autoridades, no sólo a los alcaldes, como una medida para desincentivar la acción de los delincuentes.
En tanto, el alcalde de Algarrobo, Marco Antonio González, recalcó que como autoridades están expuestos a diario y denunció que sufrió una amenaza en una feria costumbrista. A su vez, expuso a la comisión la necesidad de solicitar al Ministerio Publico que dé a conocer por qué de un millón 900 mil denuncias relacionadas al crimen organizado, cerca de un millón 300 mil fueron archivadas.
Reacciones y acuerdos
Diputadas y diputados solidarizaron con el sentir de los alcaldes y coincidieron en que la delincuencia y el crimen organizado está desbordado a lo largo del país y que existe impunidad entre los delincuentes.
Enrique Bassaletti solicitó conocer la metodología de niveles de vigilancia -radicada en el Ministerio de Desarrollo Social- que considera cinco factores de demanda para la distribución de los recursos y funcionarios policiales.
El legislador afirmó que hoy existen 5 mil carabineros menos que hace seis años, por falta de interés, de incentivos económicos y recarga laboral, entre otros factores. Al respecto, postuló que si existen más Carabineros en las calles significa más capacidad de detención, pero consideró que delinquir sale gratis porque se buscan salidas alternativas para los delincuentes.
El diputado Bernardo Salinas, por otra parte, planteó que los alcaldes son la primera línea para enfrentar la delincuencia. Por ello, consideró “imprudente” bajar el plan Calles sin violencia, que se aplica en 46 comunas que presentan el 65% de los delitos. A su vez, apuntó a revisar el tiempo de formación de Carabineros, que antes era de un año y aumentó a dos.
Al término de la sesión, la Comisión acordó sesionar en terreno en la comuna de San Bernardo para reunirse con los jefes comunales de la provincia del Maipo. En la sesión, además, esperan contar con la presencia de las autoridades a cargo de la seguridad pública.
Asimismo, los integrantes de la comisión definieron invitar a una próxima sesión al general director de Carabineros para que exponga sobre la dotación policial y su distribución. A esto se suma, oficiar al Ministerio Público para conocer si existe un foco especial de investigación para abordar las amenazas de muerte recibidas por los alcaldes.
